Alerta temprana sobre reclutamiento de menores por grupos delincuenciales en el Quindío

Paula Andrea Huertas Arcila, abogada especialista en derecho penal y criminalística, especialista en derecho administrativo y magister en derecho público, explicó las sanciones penales en las que pueden incurrir los adultos que utilicen a los menores de edad en la comisión de delitos.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación han dado a conocer que los grupos delincuenciales comunes y organizados del Quindío buscan reclutar a los niños y adolescentes, así también lo evidenció la alerta temprana 041 de la Defensoría del Pueblo, en el departamento.

“Ha sido muy común que empresas o estructuras criminales induzcan o instrumentalicen a los menores de edad para las acciones al margen de la ley sin embargo ese accionar no fue considerado delito hasta la expedición de la ley 1453 del 2011, estatuto de seguridad ciudadana donde se creó un nuevo tipo penal que es el uso de menores en la comisión de delitos del artículo 188d, pena de 10 a 20 años de prisión”, señaló la profesional del derecho Huertas Arcila.

Y añadió: “Es fundamental entender que la persona que es menor de 18 años, así entregue su consentimiento, se entiende como viciado y no existe causal de exoneración para las personas que los están usando”.

Pero los actores criminales que induzcan a los menores a ser delincuentes también pueden tener circunstancias punitivas de agravación y más cuando son estudiantes los que porten armas o estupefacientes, hurten o sean sicarios.

“Estas personas tienen una circunstancia de agravación, cuando la persona instrumentalizada sea menor de 14 años habrá un aumento de la pena y en ese sentido era común el ejercicio de este tipo de actividades porque también antes de la expedición del Código de Infancia y Adolescencia, los menores de edad no recibían sanciones pedagógicas como las que reciben ahora”, expuso Huertas Arcila.

Y agregó: “El menor que es instrumentalizado ingresa al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y en ese orden de ideas queda vinculado para las sanciones para los menores entre los 14 y 18 años; antes no existía una normatividad que sancionara con dureza la instrumentalización de los adolescentes o de los niños y no existían sanciones pedagógicas”.

Casos investigados

La Policía Nacional informó que en lo que va del año en el departamento se han presentado 12 casos en las instituciones educativas de la región que son de carácter investigativo.

Es por esto por lo que, a través de la Policía de Infancia y Adolescencia, aseguran que es necesario abrir las diferentes rutas de atención institucional con estos jóvenes las cuales incluyen a sus padres y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entre otros.

Por otra parte, las autoridades indicaron que en las 83 instituciones educativas del departamento se adelantan acciones para contrarrestar el delito.

La Policía Nacional dio a conocer que adelantan labores de registro y control a las personas que llegan en vehículos a las afueras de las instituciones educativas y son señalados como sospechoso por la comunidad.

GDO La Comuna

Uno de los grupos delincuenciales organizados identificados en estas acciones al margen de la ley es el GDO La Comuna de Montenegro.

11 personas, según las autoridades, habrían participado en ilícitos como uso de menores de edad en la comisión de delito, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y concierto para delinquir agravado.

Labores de Policía evidenciaron que, al menos desde agosto de 2021, los procesados vendrían comercializando marihuana, cocaína y bazuco en los barrios El Marín, Uribe y en el sector del estadio, en el municipio de Montenegro.