El fantasma de la corrupción sacude a la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, faro de la democracia colombiana, enfrenta una tormenta de gran magnitud. En el centro del huracán: Vladimir Fernández, uno de sus más recientes magistrados, cuya elección ahora se ve empañada por graves señalamientos de corrupción.

Según explosivas revelaciones hechas por la exconsejera presidencial Sandra Ortiz ante la Fiscalía, el nombramiento de Fernández no habría sido fruto exclusivo de sus méritos académicos ni de su dilatada experiencia profesional. Ortiz entregó a los investigadores seis conversaciones de WhatsApp que sostuvieron ella, el entonces presidente del Senado Iván Name y el propio Fernández, las cuales apuntan a un desayuno clave celebrado el 13 de octubre de 2023. Allí también estuvo presente Carlos Ramón González, quien para entonces dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

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Lo verdaderamente escandaloso no fue el café servido ni el cruce de palabras amables, sino el telón de fondo: según Ortiz, la inclusión de la votación de Fernández en la plenaria del Senado se habría agilizado gracias a pagos ilícitos que ascendieron a 3.000 millones de pesos, provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El dinero, afirma, se entregó en dos momentos: la víspera y la noche de ese crucial 13 de octubre.

El impacto de estas denuncias no es menor. La Corte Constitucional, guardiana de la carta de derechos consagrada en 1991, enfrenta una nueva herida en su credibilidad, similar a las que en el pasado dejaron nombres como Jorge Pretelt y Rodrigo Escobar.

¿Quién es, entonces, Vladimir Fernández? Más allá de su impecable hoja de vida —dos especializaciones, maestría, doctorado, y una extensa carrera pública— persisten las sombras. Cercano a Gustavo Petro desde la época de su empalme como alcalde de Bogotá, Fernández no logró integrar su gobierno local por cuenta de una medida de aseguramiento ligada a contratos cuestionados en Neiva. Aunque las investigaciones precluyeron a su favor, su nombre ya había quedado registrado en expedientes judiciales.

Otro episodio incómodo fue su paso por el Invías, donde fue criticado por una presunta omisión en la defensa del Estado en un proceso que involucraba un detrimento de más de 10.000 millones de pesos, del cual también salió airoso.

Pese a estos antecedentes, en 2023 su candidatura a la Corte prosperó. Su cercanía con Petro y su estrategia de tender puentes en el Congreso lo llevaron a superar a sus rivales de terna, Cielo Rusinque y Gerardo Vega.

Hoy, la figura de Fernández se divide en interpretaciones: para algunos, un jurista solvente y conciliador; para otros, un abogado al servicio del Ejecutivo, incluso visto como un “infiltrado” de los intereses del presidente dentro del máximo tribunal de control constitucional.

Con el escándalo desatado, la pregunta ya no es solo sobre la suerte de Fernández, sino sobre la capacidad del país para proteger a sus instituciones de la erosión del poder y el dinero. La Corte, nuevamente, se mira en el espejo de su propia fragilidad.