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Madres de familia denunciaron públicamente al educador durante un plantón frente al jardín infantil Parques de Canadá.

En una acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, fue capturado en la mañana de este martes Freddy Castellanos, un profesor señalado como el presunto responsable de múltiples casos de abuso sexual contra menores de edad en un hogar infantil operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ubicado en la localidad de San Cristóbal.

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La detención se produce luego de que el lunes 5 de mayo salieran a la luz graves denuncias por parte de familiares de al menos doce niños y niñas, de entre 2 y 3 años, quienes habrían sido víctimas de abuso dentro de las instalaciones del Jardín Infantil Parques de Canadá.

Durante un plantón realizado frente al centro infantil, madres y cuidadores alzaron su voz con carteles y testimonios que señalaron directamente a Castellanos como el autor de los abusos, mientras exigían justicia y el actuar inmediato de las autoridades.

“Hace una semana nos enteramos que este funcionario ha venido abusando de los niños dentro de la misma institución. Pero nadie nos da respuesta. Hay menores que están en hospitales”, relató una de las madres afectadas.

Según información oficial de la Fiscalía, ya se han radicado doce denuncias, de las cuales siete han sido confirmadas hasta el momento, dos de los menores permanecen hospitalizados por afectaciones físicas y psicológicas derivadas de los presuntos hechos y se espera confirmar o descartar contagio de VIH.

Frente a la gravedad del caso, el ICBF anunció el cierre preventivo del hogar infantil y la apertura de investigaciones disciplinarias internas, mediante un comunicado, el instituto afirmó que se brindará acompañamiento psicosocial a las familias y se garantizará la atención de los niños en otras unidades de servicio, mientras se restablecen las condiciones necesarias para una eventual reapertura.

Además, el ICBF desplegó equipos defensoriales compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas, para apoyar a las familias durante los procesos de restablecimiento de derechos y colaborar estrechamente con las investigaciones lideradas por la Fiscalía.

Este caso ha generado una fuerte reacción en la opinión pública y conmoción en el país, que exige claridad, justicia y garantías para que hechos como este no se repitan en instituciones encargadas del cuidado y protección de la niñez en Colombia.


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