Aunque el Gobierno insiste en convocar a las urnas, el registrador advirtió que hay un conflicto legal y logístico que impide avanzar sin un pronunciamiento judicial.
La convocatoria a una consulta popular para someter a votación ciudadana el contenido de la reforma laboral propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha quedado suspendida de forma indefinida. Así lo anunció este martes el registrador nacional, Hernán Penagos, quien solicitó al Consejo de Estado un concepto jurídico que permita tomar una decisión definitiva frente al polémico decreto emitido por el Ejecutivo.
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El anuncio de Penagos se da en medio de una creciente tensión institucional. Mientras el Gobierno considera que la convocatoria debe ejecutarse sin dilaciones, la Registraduría argumenta que existen vacíos y contradicciones jurídicas que impiden avanzar sin la intervención de la justicia.
“Estamos ante una controversia jurídica sin precedentes en la historia moderna del país”, declaró Penagos en rueda de prensa. Agregó que no puede tomar partido frente a dos interpretaciones opuestas entre el Gobierno y el Congreso: “La Registraduría no puede aceptar el concepto de una de las partes y dejar de lado el de la otra”.
El alto funcionario también hizo énfasis en las limitaciones logísticas. Según explicó, convocar a más de 42 millones de colombianos a las urnas en apenas 53 días representa un desafío técnico que requiere meses de planeación rigurosa. “Aquí lo correcto es esperar decisiones de los jueces”, concluyó.
Desde el Gobierno, sin embargo, la postura es distinta. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó duramente la decisión del registrador. “Ese decreto es para convocar. Él es un operador logístico, no tiene por qué interpretar o cuestionar lo que ya fue establecido por el Ejecutivo”, afirmó Benedetti.
El ministro también expresó su preocupación por lo que calificó como “una grave equivocación institucional” y recalcó que no corresponde al registrador solicitar conceptos jurídicos sobre decretos presidenciales. En paralelo, desmintió tensiones internas sobre el trámite de la reforma en el Senado, e insistió en la voluntad del Gobierno de avanzar con el proyecto.
La consulta, que incluye 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, fue rechazada por el Senado en mayo pasado, lo que agudizó la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ante la negativa, el Gobierno expidió un decreto para insistir en la convocatoria.
Mientras tanto, la decisión final sobre la viabilidad jurídica del mecanismo queda en manos del Consejo de Estado. Hasta entonces, la consulta popular, una de las apuestas clave del Gobierno para avanzar con su agenda de reformas, permanece congelada.
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