El intento de homicidio ocurrió durante un acto público en Bogotá, la Fiscalía señala fallas en el esquema de protección estatal.
Casi 2 semanas después del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación reveló detalles clave sobre el móvil del crimen, la estructura detrás del ataque y la falta de medidas de protección que, según el ente acusador, pudieron facilitar la acción violenta. La hipótesis central de la investigación es que el ataque fue motivado por razones políticas, en medio del clima electoral y las tensiones entre oficialismo y oposición.
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El intento de homicidio ocurrió el pasado sábado 7 de junio durante un acto proselitista en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. Uribe, el actual senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, fue atacado mientras pronunciaba un discurso, según la Fiscalía, un menor de 15 años, contratado para ejecutar el atentado, disparó un arma de fuego a espaldas del congresista, la pistola utilizada, una Glock negra, que fue suministrada por Catherine Martínez, alias “Gabriela”, una joven de 19 años que ahora enfrenta cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
La investigación, reforzada con declaraciones en audiencias preliminares, identificó a Élder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, como el presunto autor intelectual y coordinador del crimen. Junto a él actuaron varias personas en roles logísticos, incluyendo transporte y suministro del arma. Entre los capturados se encuentran Martínez, Carlos Eduardo Mora (conductor del vehículo que facilitó la fuga) y William Fernando González, quien esperaba a los atacantes en el sector de Hayuelos.
El caso puso bajo la lupa a la Unidad Nacional de Protección (UNP), ya que el senador había advertido en reiteradas ocasiones sobre amenazas derivadas de sus posturas críticas hacia el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La Fiscalía recalcó que no hay indicios de que el ataque obedezca a motivos personales o económicos, lo que refuerza la tesis de persecución política.
Aunque ‘el Costeño’ sigue prófugo, el avance en las capturas permite reconstruir una compleja operación criminal que implicó pagos, planificación logística y uso instrumental de un menor, mientras continúan las investigaciones, el atentado plantea preocupantes interrogantes sobre la seguridad de líderes políticos en campaña, la instrumentalización de menores en el crimen organizado y la efectividad del Estado para proteger la vida de quienes se oponen al poder.
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