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El proyecto de presupuesto del próximo año asciende a $557 billones, pero $26,3 billones dependen de una reforma tributaria aún no presentada.

El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el año 2026, por un valor de $557 billones, lo que representa un 28,9% del Producto Interno Bruto (PIB), apenas una décima menos que el 29% estimado para 2025. El proyecto, presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, busca equilibrar inversión social, sostenibilidad fiscal y crecimiento, aunque no está exento de críticas y preocupaciones.

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Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que $26,3 billones —equivalentes al 1,4% del PIB— están condicionados a la aprobación de una Ley de Financiamiento que será presentada en agosto. Esto implica que casi un 5% del presupuesto total se encuentra actualmente desfinanciado, lo cual ha generado inquietud entre analistas, académicos y miembros del Congreso.

Desde el Gobierno se defiende esta proyección con base en la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, prevista en la Ley 1473 de 2011 y modificada en 2021, que permite cierto margen de flexibilidad ante riesgos macroeconómicos. El Ministerio de Hacienda considera que el presupuesto está en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que proyecta una disminución del déficit primario al 1,4% del PIB.

Los sectores con mayor asignación presupuestal son: funcionamiento ($365,8 billones), servicio de la deuda ($102,5 billones) e inversión pública ($88,8 billones). Esta última representa el 4,6% del PIB, con un leve incremento frente a 2025, lo que el Gobierno interpreta como una apuesta clara por la equidad y el desarrollo regional.

No obstante, hay críticas. Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana se advirtió que este esquema podría deteriorar el nivel de deuda pública si no se toman medidas estructurales. A su vez, la congresista Lina María Garrido calificó la reforma tributaria como “fantasma” y acusó al Ejecutivo de repetir la estrategia de 2024: presentar un presupuesto desfinanciado que podría terminar aprobado por decreto.

Entre los ajustes más sensibles, destaca la reducción de $1 billón al Ministerio de Defensa, y recortes adicionales a la Policía Nacional y al sector deporte, lo cual contrasta con el discurso de seguridad y cohesión social.

En suma, el Presupuesto 2026 mantiene el tono de consolidación fiscal con enfoque social, pero depende de una reforma tributaria aún no presentada, lo que convierte su viabilidad en un terreno incierto. El debate en el Congreso será clave para definir no solo las cifras, sino el rumbo económico del país en un año crucial.


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