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Un juez condenó en primera instancia a Manuel Ranoque, padrastro de los hermanos Mucutuy, por delitos sexuales cometidos entre 2020 y 2023 en un resguardo indígena. El proceso tras los hallazgos en el rescate de los menores en la selva del Guaviare, hecho que conmocionó a gran parte del país.

Manuel Ranoque, padrastro de los niños indígenas rescatados en junio de 2023 en la selva del Guaviare en el sur del país, fue condenado a 32 años de prisión tras ser hallado responsable de abusar sexualmente de su hijastra menor de edad, hechos ocurridos entre 2020 y 2023. Un caso que inició debido al accidente aéreo, reveló un secreto en la familia Mucutuy.

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La sentencia, emitida por un juez penal de conocimiento en Florencia, Caquetá, todo gracias a las pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la Nación durante un juicio oral en el que se acreditaron los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales agravados. El proceso judicial surgió tras el rescate de los hermanos Mucutuy, que durante más de un mes estuvieron perdidos en la selva tras un accidente aéreo que cobró la vida de su madre.

El 1 de mayo de 2023, una avioneta que transportaba a la familia Mucutuy cayó en una zona selvática entre Guaviare y Caquetá. Durante 40 días, cuatro niños de 13, 9, 4 y 1 año sobrevivieron solos en medio de este lugar, hasta que fueron localizados por una misión humanitaria e indígena que bautizó el operativo como “Operación Esperanza”.

Mientras el país celebraba su rescate como un acto heroico, las autoridades de protección infantil comenzaron el proceso de atención psicosocial de los menores. Fue en ese momento, y lejos de la presencia de Ranoque, que una de las niñas confesó los abusos que había soportado durante años por parte de su padrastro, quien para ese entonces era visto públicamente como una figura heroica.

Abusos reiterados en un resguardo indígena

La investigación reveló que los hechos ocurrieron en el resguardo de Puerto Sábalo, Los Monos, ubicado en Solano en el departamento del Caquetá, donde vivía la familia antes de lo ocurrido. La víctima, entonces de 10 años, fue agredida sexualmente de forma sistemática; su agresor aprovechaba cuando se encontraba sola para atacarla y utilizar amenazas que la obligaban a guardar silencio, obligándola a no contar nada al respecto.

El testimonio de la menor fue respaldado por informes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que detectó señales de abuso durante las valoraciones médicas y psicológicas, así como las declaraciones de otros familiares, incluidas una hermana de la víctima. El proceso judicial también incorporó informes técnicos, seguimientos del ICBF y pruebas obtenidas tras la detención de Ranoque.

Seguidamente, se efectuó la captura de Manuel en agosto de 2023, en el centro de la capital, dos meses después del rescate de los menores. Para ese entonces, la Fiscalía ya había abierto una investigación formal basada en la denuncia a través del ICBF; su detención se llevó a cabo en cercanías del Parque de los Periodistas Gabriel García Márquez, en la localidad de Santa Fe.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó el material probatorio que incluyó relatos de las víctimas, testimonios familiares y el análisis del entorno violento en el que vivían los niños. La juez que llevó el caso concluyó que existían elementos sólidos que confirmaban la comisión de los delitos sexuales, lo que derivó en la condena a más de tres décadas de prisión que deberá cumplirse en un establecimiento penitenciario.

Por otro lado, ya hubo un pronunciamiento por parte de Yeritza Mucutuy, tía de los menores, quien cuestionó la imagen pública que había proyectado Ranoque tras el accidente. “Por eso era que los niños se escondían. Pensaban que era un buen padre, pero la selva sabía lo que había hecho”, dijo tras conocerse el fallo judicial. Por su parte, la abuela de los menores, Fátima Mucutuy, aseguró que la violencia en el hogar era una constante y que incluso los niños habían presenciado agresiones físicas contra su madre. “Ellos vieron lo que él le hacía a su mamá. Vivieron el abuso en todas sus formas”, manifestó en declaraciones recogidas luego de la audiencia.

Otro proceso judicial en curso

Tras este suceso penal, se conoció que Ranoque promovió una acción legal contra la empresa Avianline Charter’s, operadora de la avioneta del siniestro, con la que buscaba obtener una indemnización cercana a los 1.450 millones de pesos por daños materiales y morales derivados del accidente.

Además, algunos familiares han denunciado públicamente que Ranoque habría recibido recursos y beneficios económicos en nombre de los menores, lo que llevó a las autoridades a implementar restricciones en su acceso a ayudas. Las versiones completas de los testigos se mantienen bajo reserva judicial para proteger la identidad y seguridad de los niños.

Desde su rescate, los cuatro hermanos permanecen bajo custodia del Estado, protegidos por medidas especiales del ICBF. Reciben acompañamiento psicosocial y han sido trasladados a lugares cuya ubicación no ha sido divulgada; la institución continúa el seguimiento para un mayor bienestar, tras su egreso del Hospital Militar en julio de 2023.


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