Con la expedición del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, el Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país, una decisión que le permite expedir decretos con fuerza de ley para enfrentar la crisis fiscal y cubrir vacíos presupuestales.
La declaratoria habilita al Ejecutivo a intervenir de manera directa en áreas clave como impuestos, presupuesto y sectores sociales, con el objetivo de garantizar recursos para el funcionamiento del Estado y la prestación de servicios esenciales.
Uno de los puntos centrales del decreto es la posibilidad de adelantar una reforma tributaria exprés vía decretos legislativos, una herramienta excepcional que se usaría para crear nuevos tributos o modificar los existentes de forma transitoria. Entre las medidas contempladas están la reducción de beneficios tributarios, especialmente en el IVA, así como el incremento del impuesto de renta y del impuesto al patrimonio para personas y sectores con mayor capacidad contributiva.
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El texto también menciona la implementación de los llamados “impuestos saludables”, que gravarían el consumo de bebidas alcohólicas, vapeadores y juegos de azar, además de tributos orientados a corregir impactos ambientales y de salud pública. La intención, según el Gobierno, es aumentar el recaudo de manera rápida para atender la coyuntura fiscal.
En materia presupuestal, el decreto señala que se realizarán operaciones extraordinarias para cubrir los faltantes de recursos, estimados en $12 billones de pesos para 2025 y $16,3 billones para 2026, montos que quedaron sin respaldo tras el archivo o hundimiento de iniciativas legislativas.
La emergencia también justifica la intervención inmediata en sectores considerados críticos, como el sistema de salud, con la destinación de recursos para la equiparación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC); el pago de subsidios de energía y gas, y la indemnización a víctimas del conflicto armado, rubros que el Gobierno considera urgentes para evitar afectaciones sociales.
Aunque el decreto otorga amplias facultades al Ejecutivo, todas las medidas que se adopten deberán ser revisadas por la Corte Constitucional, que evaluará si cumplen con los principios de necesidad, proporcionalidad y conexidad exigidos por la Constitución para este tipo de estados excepcionales.
La declaratoria de emergencia marca así un nuevo capítulo en la discusión económica del país, en medio del debate sobre el alcance de las facultades presidenciales y el impacto que estas decisiones puedan tener en el bolsillo de los ciudadanos.
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