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El Gobierno de Colombia confirmó que, aunque las inundaciones afectan a seis departamentos, no solicitará asistencia humanitaria internacional.

Según la Cancillería, la capacidad de respuesta nacional no ha sido superada tras la declaratoria de Emergencia Económica por el presidente Gustavo Petro.

La Cancillería de Colombia aseguró este viernes que no existe una justificación técnica para emitir un llamamiento internacional ante la crisis climática actual.

Pese a la magnitud de las inundaciones en varias regiones, el Estado considera que las capacidades nacionales de respuesta siguen siendo suficientes para atender la fase de emergencia inmediata.

La respuesta del Estado frente a la emergencia

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que trabaja en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Las autoridades señalaron que, por ahora, “no procede activar mecanismos internacionales de ayuda”, ya que la situación operativa se mantiene bajo control estatal.

Lea también: Petro declara emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos por crisis climática

Balance de daños por inundaciones en el norte del país

Un frente frío atípico ha golpeado con fuerza desde finales de enero, ensañándose principalmente con el norte del territorio colombiano.

Los departamentos más afectados por el desbordamiento de ríos son:

  • Córdoba y Sucre

  • Magdalena y La Guajira

  • Chocó y Antioquia

Hasta la fecha, la emergencia reporta 18 víctimas mortales y la destrucción de 4.300 viviendas. Además, se estima que hay 120.000 personas damnificadas y más de 300.000 hectáreas bajo el agua.

Medidas legales y apoyo de la ONU

Aunque se descartó el auxilio externo, el Gobierno mantiene comunicación con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas por si la situación empeora.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ya declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica por un periodo de 30 días.

Esta medida busca agilizar la ejecución de recursos y fortalecer la seguridad jurídica para proteger a las poblaciones vulnerables tras las crecidas críticas del río Sinú y otras cuencas.


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