Quindío bajo la sombra del crimen: 35 homicidios sacuden al departamento en lo que va de 2026

El departamento del Quindío se desangra en una paradoja de balas y acero. Mientras las agendas oficiales intentan proyectar una imagen de remanso turístico, la realidad en las carreteras y veredas dicta una sentencia mucho más sombría, pues hoy en apenas 55 días de este 2026, la cifra de muertes violentas ha escalado hasta las 35 víctimas. 

Esta estadística, que desborda cualquier intento de normalización institucional, sumó dos nuevos folios de sangre el pasado domingo 22 de febrero.

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Los escenarios, aunque geográficamente distantes, la transitada vía Calarcá-Río Verde y la remota vereda La Mariela en Pijao, comparten el denominador común de la vulnerabilidad de un territorio donde la seguridad parece diluirse.

El ataque en la vía Río Verde-Barragán: de accidente a sicariato

La mañana del domingo 22 de febrero comenzó con lo que, a simple vista, parecía una tragedia más de la imprudencia vial. En el corredor que comunica a la zona de Barcelona con Río Verde, en jurisdicción del municipio de Calarcá, conductores que iniciaban sus jornadas reportaron el hallazgo de un hombre tendido a un costado de la berma. La escena era engañosa, pues el sujeto yacía junto a una motocicleta marca Victory y conservaba el casco de protección puesto, elementos que inicialmente indujeron a los primeros respondientes a manejar la hipótesis de un siniestro de tránsito.

Sin embargo, la pericia de las unidades de criminalística que arribaron al sitio desbarató rápidamente la apariencia de accidentalidad. Al retirar el casco y realizar la inspección técnica preliminar, se evidenció que la muerte no fue producto de un impacto cinético contra el asfalto, sino de una ejecución dirigida.

La víctima presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en zonas vitales. Esta escena sugiere que el ciudadano fue atacado mientras se movilizaba en su automotor.

El occiso fue identificado como Leonardo García Gallego, de 52 años de edad, conocido entre su círculo cercano como ‘El Chicha’.

Las investigaciones preliminares indican que García Gallego, oriundo de Buenavista, realizaba un trayecto habitual desde el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, hacia su hogar al momento de ser interceptado.

El eco de los disparos en Calarcá retumbó con especial dolor en las calles de Buenavista. En ‘El Mirador del Quindío’, la muerte de Leonardo García Gallego no es interpretada como un ajuste de cuentas más, sino como un golpe al tejido social de un municipio pequeño donde todos se reconocen.

García Gallego no era un desconocido para la institucionalidad, se desempeñaba como operario de las Empresas Públicas del Quindío, EPQ, una labor que lo mantenía en contacto permanente con la comunidad y que le había granjeado una reputación de hombre laborioso y servicial.

La consternación en Buenavista es absoluta. Sus vecinos y compañeros de trabajo en EPQ coinciden en describir a ‘El Chicha’ como un ciudadano integrado, cuya cotidianidad estaba ligada al mantenimiento de los servicios básicos del departamento.

El clamor ciudadano no solo exige la captura de los autores materiales, sino que interpela a la Fiscalía General de la Nación para que esclarezca un móvil que, hasta la fecha, permanece en el más absoluto misterio, pues no se conocían amenazas previas contra la vida del operario.

Duelo de acero en Pijao: una riña mortal en La Mariela

Mientras el estupor reinaba en Calarcá y Buenavista, la violencia reclamaba un nuevo escenario en el sur del departamento. A las 8:18 a. m. aproximadamente del mismo domingo, las autoridades fueron notificadas de un hallazgo macabro en la vereda La Mariela, en zona rural de Pijao.

Este hecho reviste una importancia estadística y social mayor, ya que se trata del primer homicidio registrado en la localidad cordillerana en lo que va de 2026.

El municipio, que había logrado mantenerse al margen de la vorágine violenta del resto del departamento, perdió su invicto en una vía terciaria que comunica hacia Barragán, en un punto de difícil acceso ubicado a casi 90 minutos del casco urbano.

La víctima, identificada como Gonzalo Acevedo Pérez, de 45 años de edad, pereció en lo que los investigadores han denominado un “duelo de acero”.

A diferencia del sicariato en Calarcá, aquí la violencia fue primaria, cuerpo a cuerpo. Los peritos del CTI reconstruyeron una escena que habla de intolerancia y de una cultura de resolución violenta de conflictos.

Y es que en el lugar se hallaron dos botellas de cerveza vacías, lo que sugiere que la confrontación fue precedida por el consumo de alcohol, el cuerpo presentaba una profunda lesión abierta en la zona del cuello, provocada por un arma cortocontundente tipo machete y finalmente un un detalle que confirma el enfrentamiento, Acevedo Pérez tenía un poncho enrollado firmemente en su mano izquierda, una técnica ancestral de la región para usar la prenda como escudo frente a los tajos del adversario.

Gonzalo Acevedo Pérez, natural de San Luis, Tolima, residía en la zona como administrador de la finca Balcones. No obstante, su presencia en La Mariela estaba marcada por la desconfianza de algunos sectores de la comunidad. Según testimonios recopilados por la Policía Judicial en labores de vecindario, el hombre era considerado un individuo conflictivo, propenso a las disputas personales.

Más allá de su temperamento, el pasado judicial de Acevedo Pérez arroja luces sobre su perfil. El administrador de finca había recuperado su libertad hace apenas tres años, tras cumplir una condena en centro carcelario por el delito de homicidio.

Esta “sombra” de su pasado, sumada a la naturaleza de la riña, orienta las pesquisas hacia una cuenta pendiente o un estallido de ira bajo los efectos del licor. Hasta el momento, y pese al despliegue de la Policía y el Ejército Nacional en la zona, no se han reportado capturas al respecto.

Análisis estadístico y la parálisis de la seguridad

La jornada del 22 de febrero es un microcosmos de la crisis de seguridad que padece el Quindío. En menos de 12 horas, el departamento exhibió dos caras de la misma moneda violenta, el sicariato selectivo y la riña rural por intolerancia. La cifra de 35 homicidios en este arranque de año no es solo un número, es el indicador de una política de seguridad que parece ir un paso por detrás de la criminalidad.

La labor de la Policía Nacional, del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y de la Fiscalía ahora se centra en evitar que estos casos pasen a engrosar la ya larga lista de impunidad en el Eje Cafetero.