Trasladan 2,6 millones de usuarios a Nueva EPS en plena crisis

Un nuevo decreto del Gobierno colombiano ha encendido una fuerte controversia y preocupación entre expertos, gremios del sector salud y usuarios del sistema, debido a que ordena el traslado de aproximadamente 2,6 millones de afiliados de otras EPS hacia la Nueva EPS, la entidad con mayor número de usuarios del país que actualmente se encuentra intervenida por el Estado y en medio de una profunda crisis operativa y financiera.

El Decreto 0182 de 2026, expedido por el Ministerio de Salud, redefine las reglas para la operación territorial de las EPS en Colombia. Establece mínimos de afiliación para que las aseguradoras puedan operar en cada región, lo cual implica que varias EPS más pequeñas perderán cobertura en algunos departamentos y sus afiliados serán reasignados a otras, principalmente a la Nueva EPS, que tiene presencia nacional.

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Una EPS en crisis

La Nueva EPS, interviene desde abril de 2024 por decisión del Gobierno tras evidenciar dificultades financieras y de gestión, particularmente en la entrega de medicamentos y atención oportuna. Su crisis ha tenido consecuencias graves: casos de desabastecimiento han generado indignación pública, y en las últimas semanas se han reportado muertes de afiliados que no recibieron tratamientos esenciales.

Organizaciones como Acemi, que agrupa a las principales EPS del país, han alertado que la entidad no cuenta con la capacidad financiera ni operativa para absorber millones de nuevos afiliados sin agravar aún más su situación. Esto, advierten, podría poner en riesgo la continuidad de los servicios de salud para millones de usuarios.

Críticas y acciones legales

La medida ha generado críticas políticas y jurídicas. El representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) calificó la decisión como inaceptable y anunció recursos ante el Consejo de Estado, argumentando que la Nueva EPS “se está cayendo a pedazos” y que el traslado forzoso desconocería decisiones previas de la justicia.

Además, se ha reportado la radicación de un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud por supuestamente reproducir un decreto suspendido y por vulnerar derechos de los pacientes, mientras que expertos del sector salud han pedido medidas de estabilización más que decisiones que profundicen la crisis.

La postura de Petro: salud pública y reorganización

Frente a las críticas, el presidente Gustavo Petro ha defendido el decreto y el modelo de reorganización del sistema de salud. Según el mandatario, “no hay caos de la salud, lo que hay es caos en las EPS” y ha asegurado que el sistema actual, con múltiples aseguradoras dispersas, es costoso, poco eficiente y limita la atención preventiva a los afiliados.

Petro ha afirmado que la concentración de usuarios en EPS con presencia territorial facilitará una atención primaria más eficaz, reducirá traslados innecesarios de pacientes y permitirá una mejor articulación de servicios. También ha convocado a una movilización nacional por la reforma a la salud que busca fortalecer la atención pública y la rectoría estatal sobre el sector.

El presidente ha planteado la transformación de la Nueva EPS en una entidad pública, con respaldo financiero del Estado, como parte de ese plan para reformar el sistema de aseguramiento en salud y reducir el papel del lucro dentro de la prestación de servicios.

Una crisis con impacto social

Organizaciones de usuarios y gremios han manifestado preocupación por el impacto que estas medidas tendrán en la calidad y continuidad de los servicios, especialmente en un contexto en el que ya se han registrado casos de desabastecimiento de medicamentos y demoras en la atención. En varios puntos del país, afiliados afectados han expresado su frustración ante la falta de respuestas y la percepción de un sistema que no garantiza el derecho fundamental a la salud.