En 2018, cuando pidió entrar a la jurisdicción, aseguró a los magistrados que entregaría nombres de personas naturales y empresas que reveló en Justicia y Paz —marco jurídico creado en el gobierno Uribe para la desmovilización de grupos paramilitares—, pero que no fueron investigados.
Salvatore Mancuso podría ingresar a la JEP y contaría su versión acerca de la relación de varios políticos y personajes públicos con el conflicto armado en Colombia.
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El proceso va adelantado, y no solo se está estudiando el ingreso de su caso, sino que ya recibió el que sería el primer borrador de su plan de contribución a la verdad, herramienta que tiene como objetivo garantizar los derechos de las víctimas.
En su respuesta al documento, Mancuso indicó que posee información sobre investigaciones que en su mayoría han dado como resultado sentencias absolutorias.
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Dentro de los nombres referenciados como partícipes —en un auto conocido por El Espectador—, se encuentran los de Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe Vélez, Iván Cepeda, Piedad Córdoba y, además, menciona a la familia de Alfonso López.
El caso del exjefe paramilitar ya estaba siendo estudiado por la jurisdicción especial, pues podría considerarse como tercero civil: colaborador, financiador o asupiciador de grupos armados ilegales. Hasta el momento, su realidad judicial es que este año terminará pagar su condena por narcotráfico en Estados Unidos.
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