Esposa e hijo de Jorge Arturo Sanabria Sánchez están prófugos de la justicia

Prófugos de la justicia, así se encuentran en este momento Margarita Malagón y Jorge Enrique Sanabria Malagón, esposa e hijo del fallecido Jorge Arturo Sanabria Sánchez.

 Estas 2 personas son buscadas por las autoridades por su presunta participación en el presunto desfalco que Sanabria Sánchez le habría hecho a la empresa Multipropósito de Calarcá. 

Así lo informó la Fiscalía General de la Nación, FGN, que aseguró que Margarita y Jorge Enrique,  tienen en su contra órdenes de captura.

Proceso contra 2 exfuncionarios de Multipropósito

A pesar de varias solicitudes de libertad y peticiones de sustitución de medida de aseguramiento, Milton Antonio Moreno Lemus, quien se desempeñó como jefe de planeación de Multipropósito de Calarcá, continúa tras las rejas de manera preventiva, a la espera de la audiencia preparatoria para juicio oral.

Por su parte, Katherina Díaz Quiroz, quien fue jefe de control interno de la entidad, está por fuera de la cárcel.

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 Aunque el 11 de diciembre de 2019 un juez penal municipal con funciones de control de garantías le dictó una medida de aseguramiento, el ente perseguidor informó que a la mujer le eliminaron la privación de la libertad, porque decidió colaborar con la justicia. En este momento, estaría en negociaciones con la Fiscalía para una aceptación de cargos.

Sus posibles participaciones 

Milton Antonio Moreno Lemus, al ser funcionario de Multipropósito, fue nombrado como contratista para una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, y según las autoridades, aprovechó para generar unos estudios falsos en un terreno inexistente del municipio para esa obra.

La Fiscalía informó que “el hoy procesado fue quien aprobó que otro de los empresarios implicados pasara una cuenta de cobro por valor de $3.783.582.613, como concepto del anticipo del 30 % de ese contrato”.

Para la consignación del anticipo de obra ese empresario creó 2 cuentas en un banco de Armenia y una de las personas con firmas autorizadas para realizar desembolsos y movimientos de las mismas fue Katherina Díaz Quiroz, quien al parecer empezó a hacer movimientos bancarios con los $3.783.582.613 para saldar una deuda de Sanabria Sánchez y para beneficiar a los demás empresarios implicados. 

Las pruebas que presentó el fiscal séptimo especializado contra los procesados consisten en 15 audios y fotografías de estudios falsos de la construcción de la PTAR y de consignaciones, además del historial bancario.

Políticos implicados

La Fiscalía reveló las interceptaciones telefónicas entre Moreno Lemus  y varios concejales de Calarcá del período pasado, los cuales le solicitaban al funcionario contratos para amigos y parejas sentimentales. 

A cambio de estos favores, dijo la Fiscalía, los corporados metían el “palo en la rueda” acerca de cualquier interventoría o sesión de rendición de cuentas, con el objetivo de que no hubiera control político.

“Guillermo Augusto Gómez Rodríguez, quien fuera candidato a la asamblea del Quindío, sostuvo una conversación telefónica con Moreno Lemus para obtener dineros para una propaganda de su campaña a la duma”, dijo la Fiscalía.

Según los audios dados a conocer de las llamadas telefónicas, Gonzalo García, quien fuera candidato a la alcaldía de Calarcá en las elecciones pasadas y actual concejal de la ‘Villa del Cacique’, habló con una funcionaria de Multipropósito para comenzar a gestionar su posible paso a la gerencia de esta empresa.

Aunque García después se negó porque tomaba su curul como concejal, al quedar de segundo en los comicios, pero postuló a Carlos Alberto Hurtado para ese  cargo en la empresa de servicios públicos, a pesar de que el exgerente de EPA dijo en la llamada que iba ser afectado por investigaciones del desfalco de valorización en Armenia.

El fiscal indicó que García estaría involucrado por unos presuntos “favores” que recibió de la empresa de aseo para su campaña. 

El ente investigador manifestó que el exalcalde de Circasia, Carlos Alberto Duque Naranjo, también será investigado porque habría realizado tráfico de influencias con Moreno Lemus, para favorecer a su hijo con un contrato en la empresa de aseo de la segunda ciudad del departamento.

Medidas cautelares  del fin de semana pasado

La Fiscalía General de la Nación, FGN, estableció que con un préstamo de $2.400 millones para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, de Calarcá, el fallecido Jorge Arturo Sanabria Sánchez, quien era el máximo accionista de la empresa Multipropósito de la ‘Villa del Cacique’, se convirtió en socio de las empresas Injomar S.A., J.P.G. & Cía. S.A., y Juan Bernardo Botero Ingeniería S.A.S; y los establecimientos de comercio J.P.G. & Cía. S.A., Juan Bernardo Botero Ingeniería, que hoy están bajo medidas cautelares declaradas por el ente investigador.

Con el dinero, Sanabria Sánchez también adquirió el 60 % de las acciones de la empresa Multipropósito, con lo que ganó poder de decisión en la junta directiva de la empresa de servicios públicos de la segunda ciudad del departamento.  

Desde esta posición, al parecer, gestionó un anticipó del 

30 % para las obras de la PTAR, pero los recursos, supuestamente, los destinó a cubrir la deuda que asumió para hacerse a las acciones de las sociedades en mención.

Este fin de semana, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 5 bienes de las sociedades antes mencionadas en las que Jorge Arturo Sanabria Sánchez adquirió las acciones, para, según la Fiscalía, constituir un entramado ilegal que comprometió los dineros destinados a la construcción de la PTAR de Calarcá.

Las propiedades afectadas, avaluados en $4.800 millones, están ubicadas en las ciudades de Bogotá, Manizales y Barranquilla.