El exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, busca beneficios participando como testigo en el esclarecimiento del sonado caso de valorización.
La Juez sexta penal municipal, con funciones de control de garantías, negó una tercera suspensión de la investigación por peculado por apropiación a favor de Sebastián Congote Posada debido a supuestos incumplimientos en los compromisos de la segunda suspensión de la indagación.
Así lo manifestó la togada en audiencia tras escuchar a la Fiscal 20 seccional adscrita a la Unidad Anticorrupción quien dio a conocer el acta que firmó Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la nación, la cual permitía esta tercera prórroga del principio de oportunidad, pero que no pasó la legalidad ante la judicatura.
Para la funcionaria de la rama judicial, la fiscal no sustentó los cumplimientos de los acuerdos para que se avalara esta decisión y que, además, el mismo fiscal general indicó que era perentorio que el director seccional de fiscalía Quindío, Justino Hernández, vigilara las investigaciones en contra de Congote Posada, ante la presunta demora de la terminación de su proceso.
También que la fiscal 14 y el fiscal 60 terminaran las indagaciones preliminares en contra de otras personas en 2 casos nuevos en el país que están dentro del marco de la corrupción del recaudo de valorización y que se extendió al departamento de San Andrés y Providencia.
“No queda claro cuál es el sustento de la prórroga”, dijo la juez que se opuso porque el fiscal general aseguró que era necesaria una ruptura procesal de los 2 casos antes mencionados en las regiones, pero que los procesos aparecían en uno solo y, por lo tanto, no se había dado esa división.
Las apelaciones
Tanto la Fiscalía como la defensa de Congote Posada, Edwin Anmanyer Rojas González; y el representante de las víctimas —el municipio de Armenia— interpusieron apelación a la decisión de la juez.
Los recurrentes le manifestaron al juez de segunda instancia, uno del circuito, que el investigado estaba comprometido con la justicia, tanto es así que había pagado $40.000.000 que debía resarcir por su participación en el desfalco a la capital quindiana.
También argumentaron que no era culpa del procesado que el juzgado itinerante de Pereira haya pasado el caso a uno de los juzgados del circuito de esa ciudad —el juzgado especializado de Armenia ya conocía del litigio y se declaró impedido— y que no se dé aún la audiencia preparatoria para llegar al juicio donde Congote Posada deberá declarar.
La representante del ministerio público (Procuraduría), en su apoyó a los apelantes, indicó que la juez se había equivocado en solicitar las pruebas para observar que los compromisos se habían cumplido toda vez que no estaban en una audiencia de juicio oral, sino de otra naturaleza y le solicitó al juez de segunda instancia decidir a favor de la prórroga del principio de oportunidad a Congote Posada.
Resolución 1841 del 29 de diciembre del 2021
El primero de septiembre de 2015, Juan Manuel Salazar Toro, de la empresa Construcciones e Interventorías Cinte S.A.S denunció ante la Fiscalía presuntos actos de corrupción relacionados con un proceso de contratación en Armenia por el cobro de valorización, un ‘traje a la medida’.
Las investigaciones determinaron que Congote Posada, en su calidad de gerente de la Edua, realizó los contratos 010 del 2015 del 8 de abril por $250.225.235 con objeto estructura técnica, administrativa, operativa, legal y financiera en fase de factibilidad interadministrativa de los proyectos: intersección vial Los Kioscos, intersección Mercedes del norte (carrera 19 con calle 19N), intersección vial puente Constitución, avenida Centenario (rehabilitación vial) y el proyecto estratégico detonante estación terminal turística, que hacen parte del plan de obras a financiar a través de la contribución de valorización.
También realizó el contrato 013 de 2015 del 8 de mayo por $1.288.239.960 con objeto estructuración técnica, administrativa, operativa, legal y financiera en fase de factibilidad interadministrativo de los proyectos: vía Montecarlo tramo II, avenida de Occidente tramo III, vía del Yulima (carrera 19 – avenida Occidente tramo III), vía la Colonia (Centro de Convenciones – carrera 19), conexión Castellana – Coinca (tramo conexión Nogal novecientos sesenta carrera 1 entre las calles I7N y 19 N), avenida 19 norte, tramo 11 (carrera 14 – avenida Centenario) y conexión carrera 15. tramos I y 11 (Nueva Cecilia – Avenida las Palmas).
Y el 014 de 2015 del 25 de mayo de $4.060.944.000 para la operación del proceso administrativo para la determinación de la contribución de valorización autorizada mediante acuerdo n. 020 del 23 de octubre de 2014.
La empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, Edua, subcontrató para que terceros ejecutaran los contratos interadministrativos enunciados. Esto en razón a que la entidad no contaba con la capacidad administrativa, logística ni tenía el personal calificado para desarrollar los contratos de forma directa, convirtiéndose así en la empresa intermediaria entre la administración municipal y terceros.
Dicha situación fue previamente concertada entre Luz Piedad Valencia Franco (alcaldesa de Armenia para el 2015), su esposo Francisco Javier Valencia Salazar, el contratista Fernando León Diez Cardona y funcionarios de la administración municipal, entre ellos Sebastián Congote Posada.
De otro lado, la Fiscalía estableció que los dineros de los contratos en mención se entregaron en efectivo a Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la entonces alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco.
Por otro lado, el 11 de abril de 2018, la seccional de análisis criminal recibió un informe que daba cuenta acerca de que Congote Posada en calidad de gerente de Edua suscribió el contrato interadministrativo No. 1112 de 2016, por valor de $7.723.612.565 con el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Del referido contrato se habrían derivado varios más con los mismos contratistas relacionados con el desfalco a la valorización de Armenia.
Acuerdo judicial
Los días 1 y 4 de agosto y 29 de noviembre de 2018, Congote Posada rindió interrogatorios y declaraciones juradas exponiendo la corrupción relacionada con los contratos de valorización en Armenia y en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en relación con los contratos interadministrativos 1112 de 2016 y el 1111 de 2016.
El 10 de septiembre de 2018 se expidió constancia del compromiso de testificar en juicio contra 11 personas: Fernando León Díez Cardona, Francisco Javier Valencia Salazar, Luz Piedad Valencia Franco, Ricardo Arturo Ramírez, Andrés Leonardo Lasso, Ángel José Angarita Pareja, Juan Sebastián Londoño Forero, Dalila Delgado Cano, Carlos Mario Álvarez Morales, César Augusto James Bryan y Edelmira Archibold Hawkins.
El 27 de mayo de 2019, previa solicitud del fiscal a cargo del proceso, el fiscal general profirió la Resolución 0-0698 a través de la cual aplicó principio de oportunidad en la modalidad de suspensión de la acción penal a favor de Congote Posada, con inmunidad parcial por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir el cual fue legalizado por el juzgado 1 de garantías de Armenia.
En octubre del año pasado, el juzgado cuarto penal municipal, con funciones de control de garantías de Armenia, dictó legalidad a la segunda prórroga del principio de oportunidad que se venció ayer.
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