Riesgo de racionamiento eléctrico en Colombia: ¿Se salvará el Quindío?

La Contraloría General de la República emitió una advertencia sobre un inminente riesgo de racionamiento y posible cesación en la prestación del servicio de energía eléctrica que podría afectar a más de 10 millones de personas en diferentes regiones del país. 

NUEVA CRÓNICA DEL QUINDÍO consultó a la Empresa de Energía del Quindío (Edeq) quienes no se pronunciaron de manera oficial, sin embargo, este medio confirmó que el departamento no se verá afectado por estos posibles racionamientos de energía. 

Según la información a la que ha tenido acceso este órgano de control, existen serios retrasos en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, lo que podría desencadenar interrupciones del servicio en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada).

El origen de este problema se relaciona con la falta de decisión del Gobierno nacional respecto al reembolso de recursos no recaudados por la “opción tarifaria”, una medida implementada durante la pandemia para congelar las tarifas de energía y aliviar el gasto de los hogares colombianos. 

Además, el incumplimiento de obligaciones por parte de los operadores de red con el mercado mayorista de energía está agravando la situación, ya que los generadores podrían limitar el suministro de energía a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente en las empresas de la Costa Caribe.

La Contraloría expresó que esta situación pone en riesgo la continuidad del servicio de energía en las regiones afectadas, lo que, a su vez, podría tener un impacto negativo en otros servicios esenciales como la salud, la educación, el comercio, e incluso los acueductos, dada la dependencia que estas actividades tienen del suministro eléctrico.

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“Es importante recordar que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos competen a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio. No obstante, la Contraloría ha señalado la ausencia de acciones por parte de estas entidades a pesar de la gravedad de la situación”, expresó la entidad en un comunicado.

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hizo un llamado al Gobierno nacional, a los ministerios y a las superintendencias involucradas para que tomen medidas inmediatas y adecuadas que garanticen la continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica y eviten el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional. Entre las medidas sugeridas, se destaca la necesidad de regularizar el giro oportuno de los subsidios de energía.

La situación es particularmente preocupante en la Costa Caribe, donde un estudio reciente de la Contraloría sobre la “Estrategia para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica en la Región Caribe” señaló la persistencia de retos como los giros de subsidios y el pago de consumos de los usuarios, incluyendo entidades públicas del orden municipal y departamental. La falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los Fondos también ha sido identificada como un riesgo significativo para la continuidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Además, la Contraloría ha recordado a las autoridades locales que la no apropiación de rubros presupuestales suficientes para el pago de los servicios públicos domiciliarios por parte de las entidades públicas es un factor adicional que afecta la prestación del servicio. Este comportamiento podría constituir una falta disciplinaria contra la hacienda pública, lo que motivará a la Contraloría a realizar los traslados respectivos a la Procuraduría General de la Nación para establecer las responsabilidades disciplinarias correspondientes.