Tras la reunión en Bogotá, hay compromisos, pero aún no se concretan.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq, afirmó que no tiene conocimiento de los compromisos que Fiduprevisora y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) anunciaron para mejorar el servicio de salud de los docentes en el Eje Cafetero.
El sindicato se pronunció tras la reciente reunión en Bogotá con representantes de ambas entidades, entre ellos Aldo Cadena Rojas, vicepresidente de Fomag. El encuentro tenía como objetivo analizar soluciones a las dificultades que enfrentan los maestros con la prestación del servicio.
La semana pasada, el Suteq, junto con el Sindicato de Educadores Unidos de Caldas (Educal) y el Sindicato de Educadores de Risaralda (SER), realizó un paro de 48 horas en protesta por el incumplimiento en la atención de salud para los docentes.
Las principales exigencias del gremio incluyen la entrega oportuna y completa de medicamentos, la agilización en la asignación de citas médicas y con especialistas, la estabilización de la red de atención y la mejora en los procesos de reembolso.
Esteban Felipe Bernal Cárdenas, presidente del Suteq, aseguró que hasta el momento no han recibido un comunicado oficial de Fiduprevisora ni de Fomag que detalle las supuestas alternativas para mejorar el servicio.
“Los compromisos expresados en la reunión de Bogotá son declaraciones de palabra, sin respaldo tangible. No hay un acuerdo formal ni un documento firmado que garantice soluciones concretas”, manifestó Bernal Cárdenas a La Crónica.
Agregó que, aunque las entidades conocen las problemáticas, aún no han presentado un plan de acción con tiempos y estrategias definidas.
Puntos propuestos
Durante la reunión en Bogotá, los sindicatos del Eje Cafetero reiteraron las problemáticas del sistema de salud ante Fiduprevisora y Fomag.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío (Suteq) indicó que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) expuso las fallas estructurales del modelo de salud que afectan al magisterio, respaldadas por un informe del Ministerio de Salud y Protección Social.
Según el Suteq, Aldo Cadena Rojas reconoció la gravedad de la situación y ratificó el compromiso del Gobierno nacional para encontrar soluciones.
En la reunión se acordó un nuevo encuentro el lunes 17 de febrero para analizar el plan de contingencia aprobado por el Consejo Directivo del Fomag.
El Suteq estuvo representado por su presidente, Esteban Felipe Bernal Cárdenas, y por Luz Stella León, secretaria de Seguridad Social, quienes reafirmaron su compromiso con los derechos de los docentes quindianos.
Sanción de Supersalud
En medio de la crisis de atención en salud en el país, la Superintendencia de Salud sancionó a dos gestores farmacéuticos por incumplir sus obligaciones con los afiliados.
“Audifarma y Sumiprocesos no acataron las instrucciones de la Supersalud, incurrieron en irregularidades en la entrega de medicamentos y dispositivos médicos, y omitieron reportar información clave para evaluar el impacto de su incumplimiento”, informó la entidad.
Según datos de la Superintendencia, en el último año el 18 % de los reclamos registrados correspondieron a la negación de medicamentos o dispositivos médicos, retrasos en la dispensación o entregas incompletas.
“Se registraron 290.836 reclamos, de los cuales 276.014 correspondieron a tecnologías cubiertas por la UPC y 14.372 a tecnologías no incluidas en el plan de beneficios”, precisó la entidad.
En el caso de Audifarma, se evidenciaron deficiencias en los reportes de información y un incumplimiento reiterado en la entrega de medicamentos ambulatorios en Caldas, lo que afectó a los usuarios de las EPS con las que tenía contratos. Por estas fallas, la Supersalud impuso una multa equivalente a 230 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En cuanto a Sumiprocesos, que prestó servicios a una EPS indígena en La Guajira, una auditoría reveló irregularidades en la entrega de dispositivos médicos, falta de información requerida y la ausencia del plan de mejoramiento obligatorio. Como consecuencia, la entidad recibió una multa de 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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