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La secretaria de Educación departamental, Liliana María Sánchez Villada, explicó que no se cuenta con recursos para mantener la bioseguridad.

 

“Hemos venido realizando protocolos para iniciar clases presenciales y en el departamento todavía no están dadas las garantías para lograr esta alternancia progresiva, directamente relacionadas con los recursos necesarios para mantener la bioseguridad”, explicó Liliana María Sánchez Villada, secretaria de Educación departamental.

 

Maestros mayores de 60 años

Sánchez Villada indicó que 367 maestros de la planta son mayores de 60 años y “con Cosmiteq estamos analizando cuáles tienen comorbilidades, es por ello que hemos pensado en no iniciar clases hasta que las garantías estén dadas e igualmente que podamos garantizar un transporte en todas las condiciones”.

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Agregó que por el momento el departamento continuará con la educación como se vienen dando, mientras que se logra tener un protocolo según las necesidades de la región, “del ministerio tenemos la autonomía para iniciar de manera progresiva y lenta esta atención educativa de manera que se garantice la vida de los niños y sus familiares”.

Acotó que se suma la negativa de los padres de llevar a sus hijos a los colegios. “Hicimos una encuesta frente a la posibilidad de iniciar clases presenciales y por ello también creemos que esta modalidad pueda no darse en agosto, pero tal vez sí en septiembre u octubre”.

 

Sin condiciones

El rector de la institución educativa, Luis Granada Mejía de Pijao, Carlos Julio Ciro Espinosa, indicó que existe un profundo interés y deseo en poder regresar a clases en la presencialidad, pero no existen las condiciones de infraestructura adecuadas que permitan ofrecer condiciones de bioseguridad.

“Además, demanda mayor número de personal y entre ellos de auxiliares. Tengo 6 docentes mayores de 60 años y otros con preexistencias —diabetes, enfermedades coronarias y cáncer—. Los cuáles no podrían atender ya que la norma los excluye. Es decir requeriría de más docentes y de un presupuesto que garantice la compra de insumos de desinfección. Por lo que en el momento no se puede, la secretaría de Educación departamental debe garantizar y suplir estas necesidades”.

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Ramón Bañol García, profesor del Instituto Tecnológico de Calarcá, expresó que es paradójico pensar que mientras las instituciones de educación privadas toman la decisión de no volver a clases presenciales este año, las instituciones públicas piensen hacerlo a partir del 1 de agosto. “Es de conocimiento nacional que el Estado no ha sido garante de brindar las medidas de seguridad al cuerpo médico, ¿qué nos hace pensar que está en capacidad de brindar las medidas de bioseguridad para las comunidades educativas?

La presencialidad de nuestros educandos se vería de gran manera subsanada si el Estado en vez de invertir una fuerte suma de dinero en protocolos y elementos de bioseguridad, hiciera una verdadera inversión en conectividad, es decir, el acceso a internet, nada se gana una institución educativa prestando sus equipos de cómputo, tabletas, etc., si los muchachos no tienen acceso a internet. Es como llevarle un plato a la mesa, pero sin comida”.

Agregó que gran parte de la ausencia sincrónica de los docentes se debe a la falta de este recurso, “es por eso que los docentes implementamos estrategias como usar grupos de WhatsApp, videollamadas, fotocopias, pero con la limitante de que los celulares de nuestra comunidad educativa no son de alta gama y muchos carecen del mismo”.

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John Éver Oyuela Ramírez, rector de la institución educativa Libre de Circasia, coincidió con sus colegas en que no están preparados, “nos encontramos en planeación para asumir las adecuaciones necesarias en cuanto a infraestructura, consideramos que con una inversión aproximada de $30.000.000 podríamos iniciar una prueba piloto en octubre con algunos estudiantes de grado 11. Además, los padres no están de acuerdo con exponer a sus hijos. No creo que podamos iniciar este año la presencialidad”.


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