Cese de actividades en oficinas de registro continuará de manera indefinida

Desde el pasado 28 de octubre decidieron cesar las actividades en las oficinas de registro del país, determinación que será de manera indefinida hasta llegar a un acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro sobre 5 puntos fundamentales.

De acuerdo con Melisa Rojas Sánchez, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Notariado y Registro, Sintranore, Armenia, el primer punto tiene que ver con eliminar la tercerización del servicio.

 “Esta se ha venido dando de 2 formas, la primera es con la expedición de los certificados de tradición, pues a las oficinas de registro, mediante 2 circulares administrativas, les prohibieron expedir estos documentos, medida fundamentada en la virtualización y modernización del servicio, a lo que no nos oponemos. De esta manera solo se pueden expedir por la página de la Supernotariado, desde donde envían a las personas a otra página que es de un privado”.

Dijo que a la superintendencia le está valiendo el certificado de tradición a este privado en $13.000, pero si las personas ingresan como usuarios les vale $16.100. “Como todas las personas ya no pueden acceder a este servicio porque en la oficina ya no se presta, las personas que no tienen acceso a internet o que no tienen cómo realizar el pago PSE, deben dirigirse a otro tercero que sería un local con servicios de internet o incluso a una notaría y ellos están cobrando hasta $25.000.

Aseveró: “La segunda forma en la que se está dando la tercerización es a través de un aplicativo que se llama REL, que están manejando las notarías, si bien está diseñado para prestar un servicio óptimo y a eso no nos oponemos, lo que nos parece que está mal es que le están delegando a las notarías los servicios misionales y constitucionales de las oficinas de registro. ¿Cómo funciona?, el usuario le paga a la notaría por hacer uso de este sistema y ellos nos mandan por el sistema la escritura y nosotros de todas formas tenemos que hacer la calificación del documento”.

Resaltó que dentro del primer punto también están exigiendo que den a conocer el funcionamiento del aplicativo Bachue, el cual la superintendencia viene trabajando desde hace aproximadamente 3 administraciones, en el que se han hecho inversiones de dinero, pero hasta el momento no ha entrado en funcionamiento y no conocen bien esta herramienta. 

“Así mismo, queremos establecer los límites de las funciones de las personas que hacen prácticas estudiantiles o judicaturas, porque la Supernotariado pretende suplir la falta de personal con estas, pero ellas vienen sin experiencia y precisamente van es a adquirirla, por lo que no podemos delegarles funciones que deben ser realizadas por profesionales, bien sea con experiencia o especializados. Nos parece contradictorio porque en la misma entidad hay personas con mucha experiencia, pero no pueden llevar a cabo ciertos procesos, porque no son abogados, ¿por qué ahora sí se puede hacer con practicantes o judicantes?”.

El segundo punto es el problema de la falta de personal de la entidad. “Es claro y de conocimiento de los ciudadanos, que las oficinas de registro se encuentran en un atraso, porque no hay suficientes funcionarios para el desarrollo de los procesos. Por esa razón, estamos solicitando la ampliación de la planta de personal, pero no mediante practicantes y judicantes, sino mediante contratación de gente idónea. También solicitamos el nombramiento para las vacantes que han quedado por pensión u otras razones. En Armenia son 6 vacantes, pero la administración ha sido lenta en el proceso”.

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En este mismo punto también solicitan que las personas que laboran en el área de línea de producción, que prestan el servicio de digitalización de documentos, tengan contratos a mayor tiempo o de planta, porque realizan una tarea misional de la oficina, pero son contratadas por 2 meses, quedan un mes por fuera y en ese periodo en el que no están, hay cerca de 1.500 trámites represados.

El tercer punto son las condiciones laborales y de infraestructura dignas, porque según Rojas Sánchez en muchas oficinas del país, la normatividad de seguridad y salud en el trabajo no son óptimas.

 “En muchas oficinas del país encontramos computadores obsoletos, problemas con sillas, hay pocas impresoras, no hay fotocopiadora ni escáner, lo que dificulta el desarrollo de los procesos. Incluso en algunas sedes no hay servicio de acueducto”, sentenció la presidenta de Sintranore.

El cuarto punto va enfocado en la exigencia del cumplimiento de acuerdos sindicales, pues en octubre de 2019 se realizó un cese de actividades y se firmaron unos acuerdos a los que hoy la administración no ha cumplido y no quiere reconocer. 

“Además, desde 2017 el sindicato viene adelantando ciertos acuerdos que también han sido incumplidos, por ejemplo, permisos de quinquenios, planes exequiales, compensaciones de turnos de descanso, entre otros. Para 2019, el acuerdo quedó firmado para la ampliación de planta de personal y nivelación salarial, por lo que el problema de falta de funcionarios viene de tiempo atrás.

Puntualizó: “El quinto punto es respeto a los derechos y garantías sindicales, el cual venimos exigiendo, porque con los ceses de actividades hemos venido viviendo una persecución por parte de la superintendencia con la que se nos está violando el derecho constitucional a la huelga”.

En la oficina de registro se brinda información 

Melisa Rojas Sánchez dio a conocer que con el cese de actividades no han cerrado la oficina. “Las puertas están abiertas y a quien se acerque a la oficina le brindamos la información de las razones por las que no estamos prestando el servicio, pero además los asesoramos y les brindamos orientación de cómo realizar procesos por la página o si tienen algún problema les indicamos a dónde pueden ir o lo que pueden hacer”.