Ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría fueron llevados los documentos con los hallazgos en la entidad.
El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, aseguró que ya dio traslado a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y Procuraduría, los informes dados a conocer por la revisora fiscal y la oficina de control interno del hospital La Misericordia, de Calarcá, donde se alerta sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación y la compra de insumos, entre otros.
“Ante la grave situación del hospital y lo que ello representa para la comunidad calarqueña, y para todos los quindianos, desde la gobernación nos permitimos dar a conocer la problemática que está generada en la situación presupuestal y los efectos administrativos de una deficiente gestión gerencial”.
El mandatario manifestó que la principal crítica a la gestión del actual gerente es que el presupuesto para el año 2021 fue de aproximadamente $17.400 millones y para el cuarto mes de este año ya se había comprometido más del 74 %, violando con ello los principios de planificación y las normas presupuestales.
“Debo decir que la junta directiva que presido, desde el momento que se identificó esta situación, de manera reiterada le ha solicitado a la gerencia un plan de contingencia para hacerle frente a una problemática y evitar que ello permita que el hospital baje la complejidad”, dijo Jaramillo Cárdenas.
De igual forma, aseveró que ante los requerimientos, la gerencia no ha sido eficiente, y no ha entregado respuestas de fondo, únicamente informes parciales que, según la junta directiva, nada tienen que ver con la realidad que enfrenta el hospital y que tampoco plantea soluciones a las problemáticas.
Planteando soluciones
Jaramillo Cárdenas aseguró que el gobierno seccional ha ejecutado acciones dentro de la búsqueda de salidas, promoviendo mesas de trabajo con las EPS para la recuperación de la cartera y alertado sobre la cartera envejecida. Todo con el acompañamiento de la Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.
“Lo anterior demuestra que nuestra posición ha sido de trabajar de manera proactiva con todos los actores comprometidos con el hospital y en este proceso hemos contado con el apoyo de la junta directiva, el sindicato, de la revisoría fiscal, la jefatura de control interno y los empleados que han sido invitados a las reuniones de junta y que ha conocido de cerca la realidad”.
Recuperación de cartera
Desde la Defensoría del Pueblo, entidad que de la mano con la secretaría departamental de Salud y los gerentes de los hospitales de los municipios han venido trabajando juntos, anunciaron que se estudiarán todas las posibilidades para instaurar acciones legales que conlleven a que los hospitales del Quindío recuperen la cartera morosa que las EPS tienen con estas entidades.
El defensor del pueblo, Juan Camilo Mesa Velásquez expresó: “Hemos acompañado el proceso con las EPS para mediar, con el objetivo de que se pongan al día con los pasivos, de acuerdo con la facturación de cada uno de los hospitales que hacen parte del sistema de salud departamental. Se torna muy dramática la situación y nos piden un acompañamiento por vías y acciones legales que se van a estudiar desde la Defensoría, porque lo más importante para nosotros es el cumplimiento de los derechos”.
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