La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre un incremento inusual en la inscripción de documentos de identidad en varios municipios del país, una tendencia que despierta sospechas de posibles maniobras para alterar el censo electoral a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
De acuerdo con el organismo de control, las visitas preventivas realizadas por sus funcionarios, junto con la información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, revelaron que algunos territorios presentan porcentajes “extraordinariamente elevados” de nuevos registros, muy por encima del promedio nacional, lo que podría indicar la presencia de una práctica ilegal conocida como “trashumancia electoral”.
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Este delito, contemplado en el Código Electoral, consiste en inscribir la cédula en un municipio diferente al lugar real de residencia con el propósito de influir en los resultados de las votaciones. Según la Procuraduría, mientras la media nacional de inscripción se ubica en 2,29 ciudadanos por cada 1.000 habitantes, hay localidades que superan de manera desproporcionada esa cifra.
Los municipios con mayores alertas
Encabezando la lista está Puerto Gaitán, Meta, con una tasa del 80,64 %, seguido de La Jagua del Pilar, en La Guajira, con el 44,37 %, y Ocaña, Norte de Santander, con el 26,99 %. También preocupa el comportamiento en otros municipios del Meta, como Acacías (23,30 %), Guamal (20,40 %) y Castilla La Nueva (16,40 %), donde los niveles de inscripción se han disparado en las últimas semanas.
El informe precisa que hasta el 3 de agosto de 2025, ya se han inscrito 92.318 ciudadanos para cambiar su domicilio electoral, de cara a los comicios legislativos del próximo 8 de marzo y a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo de 2026. Para el Ministerio Público, esta cifra, sumada a los picos inusuales en determinadas regiones, configura un riesgo significativo para la transparencia de las elecciones.
La Procuraduría reiteró que continuará adelantando acciones preventivas y de control para identificar posibles irregularidades y garantizar que el proceso electoral del próximo año se desarrolle con legalidad y en condiciones de equidad.
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