La Industria Licorera de Caldas celebra su ingreso a nuevos mercados, mientras la SIC niega el registro exclusivo del color amarillo de su aguardiente.
Tras el reciente fallo de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, conocido como la “Ley de Licores”, los departamentos de Antioquia y Cauca han dado pasos decisivos para abrir sus mercados a la comercialización de aguardientes producidos en otras regiones del país, particularmente del departamento de Caldas.
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La decisión de la Corte responde a la necesidad de garantizar la libre competencia y evitar prácticas monopolísticas que impedían la entrada de licores foráneos a ciertos departamentos. Con la sentencia ya en firme, Antioquia —considerado el mercado de aguardiente más grande del país— autorizó la venta de licores caldenses. Cauca se sumó en los últimos días a esta apertura.
En respuesta a este nuevo escenario, la Industria Licorera de Caldas (ILC) realizó su primer envío de un millón de botellas del Aguardiente Amarillo de Manzanares a Antioquia. Según la empresa, 240.000 unidades ya fueron despachadas en una operación que involucró diez tractomulas. “Hemos logrado llegar a Antioquia, el departamento más aguardientero de Colombia”, declaró Diego Angelillis Quiceno, gerente de la ILC.
Paralelamente, en medio del revuelo generado por la reapertura de mercados y la competencia entre las industrias licoreras del país, la ILC solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro exclusivo del característico color amarillo de su aguardiente. Sin embargo, la SIC negó dicha solicitud argumentando que el color no cumple con los requisitos legales para ser protegido bajo el régimen de propiedad industrial. Esto significa que otras empresas licoreras podrán seguir utilizando este color en sus productos o campañas sin restricciones legales.
Desde la Gobernación de Caldas, el mandatario Henry Gutiérrez ha hecho un llamado a departamentos como Valle del Cauca y Cundinamarca para que también abran sus fronteras a la libre comercialización de licores, en cumplimiento del fallo constitucional.
La apertura de estos mercados no solo representa un hito en la historia de la industria licorera nacional, sino que redefine las reglas del juego en un sector históricamente marcado por el monopolio regional, poniendo al consumidor como protagonista en la decisión final.
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