Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado Colombiano reconoció su responsabilidad por el asesinato del periodista y líder de opinión Jaime Hernando Garzón Forero.
Veintiséis años después de que las balas apagaran la voz irreverente, crítica y profundamente humana de Jaime Garzón Forero, el Estado colombiano ha dado un paso histórico: ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció oficialmente su responsabilidad en el asesinato del periodista, abogado, mediador de paz y humorista, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en Bogotá.
El pronunciamiento, cargado de simbolismo y tardía dignidad, fue emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que representó al país ante el organismo multilateral. En un boletín oficial, la agencia expresó:
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“El Estado lamenta profundamente los hechos que resultaron en el silenciamiento de uno de los más destacados líderes de opinión y periodismo crítico del país, lo que constituye una pérdida para la sociedad en su conjunto”.
No se trataba solo de reconocer un crimen. Se trataba de aceptar una verdad que durante años intentó ser enterrada bajo la impunidad: el plan para asesinar a Garzón fue ejecutado con la aquiescencia de agentes del Estado, como lo señalan las observaciones adicionales sobre el fondo del caso presentadas por los representantes de la familia ante la CIDH.
Garzón, quien utilizó el humor como bisturí para diseccionar las llagas del poder y denunciar los horrores de la violencia, fue asesinado cuando se dirigía a su trabajo. Su voz, incómoda para muchos, se convirtió en símbolo de la crítica lúcida y el compromiso social. Silenciarlo fue un acto político. Una advertencia. Un crimen de Estado.
El caso, rotulado como 15.015 en el Sistema Interamericano de Justicia, se presentó como lo que es: el homicidio de un líder profundamente representativo para la sociedad colombiana, que desde los medios y la sátira política cuestionaba sin distinción a todos los actores inmersos en la corrupción y la violencia que carcomía al país.
El Estado también reconoció las graves vulneraciones en el proceso penal, incluyendo dilaciones que afectaron los derechos de los familiares de Garzón, en particular los derechos a la verdad y a la integridad personal. Este reconocimiento, aseguran, busca abrir el camino hacia una reparación integral y la recuperación de la confianza en la institucionalidad.
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