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En los 30 días previos a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, el Estado firmó 521.269 contratos por $32,88 billones bajo la modalidad de contratación directa, un aumento del 30,4 % en recursos frente al mismo periodo electoral de 2022, según reveló la Contraloría General de la República.

A pocos días de entrar en vigor la restricción de contratación directa por la Ley de Garantías, el Estado suscribió en enero de este año 521.269 contratos bajo esta modalidad por un valor total de $32,88 billones, lo que representa un incremento del 30,4 % en recursos frente al mismo periodo de 2022.

Así lo reveló la Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), tras analizar los reportes del SECOP entre el 1 y el 30 de enero de 2026, justo antes de que comenzara, el 31 de enero, la restricción asociada a la Ley 996 de 2005 que limita este tipo de contratación en temporada electoral.

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En comparación con el mismo intervalo de 2022, también previo a elecciones, cuando se firmaron 495.527 contratos por $25,22 billones, este año se registró un aumento del 5,2 % en el número de contratos y del 30,4 % en el valor comprometido.

Pico en la última semana

El informe evidencia que la mayor concentración de recursos se dio en la última semana del mes. Solo en esos días se adjudicaron $14,8 billones, y el 30 de enero se convirtió en el punto más alto, con $5,7 billones contratados en una sola jornada. Durante los primeros 25 días, el promedio diario fue de $0,74 billones.

Orden territorial concentra la mayoría

Del total consolidado (orden nacional y territorial), las entidades territoriales concentraron la mayor cantidad de contratos: 348.495 por $17,7 billones. Por su parte, el orden nacional reportó 164.813 contratos por $14,86 billones, lo que representa un incremento del 52,6 % en número de contratos y del 68,2 % en valor frente a enero de 2022, cuando se celebraron 107.971 contratos por $8,84 billones.

Las corporaciones autónomas regionales suscribieron 7.961 contratos por $0,3 billones.

Entre las entidades nacionales con mayor volumen de recursos adjudicados bajo contratación directa figuran el SENA ($1,72 billones), el ICBF ($1,26 billones) y la Aeronáutica Civil ($0,76 billones). En el ámbito territorial lideran Barranquilla ($1,33 billones), Medellín ($0,88 billones) y Cali ($0,54 billones).

Predominan las órdenes de prestación de servicios

La modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) concentró la mayor parte de la contratación. En total, se firmaron 501.423 contratos bajo esta figura por $22,34 billones, equivalentes al 96,2 % del total de contratos y al 67,9 % del valor contratado en el mes.

En el orden nacional, los contratos OPS pasaron de 103.563 en enero de 2022 a 160.616 en enero de 2026, lo que representa un aumento del 64,48 %. En términos de valor, el crecimiento fue del 75,14 %, al pasar de $5,4 billones a $9,5 billones.

Impacto fiscal y vigilancia preventiva

La Contraloría advirtió que el incremento en la contratación directa tiene impacto fiscal sobre los recursos del presupuesto nacional y de las entidades públicas, en un contexto de alta sensibilidad electoral.

El ente de control señaló que continuará realizando monitoreo preventivo, analítico y permanente del comportamiento contractual en el país, con el fin de emitir alertas tempranas, fortalecer la transparencia y proteger los recursos públicos durante el periodo de restricciones.


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