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Periodistas colombianos y extranjeros han reportado detenciones arbitrarias, vigilancia y falta de garantías para informar desde la frontera colombo-venezolana.

Periodistas colombianos y extranjeros han denunciado múltiples vulneraciones a su labor informativa en la zona de frontera con Venezuela, donde se han registrado detenciones arbitrarias, restricciones de acceso y un clima de intimidación que limita seriamente el cubrimiento periodístico en un contexto de alta sensibilidad y escasa información oficial verificable.

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Advertencias y bloqueos para cruzar la frontera

De acuerdo con testimonios recogidos por comunicadores y medios locales como TV Cúcuta Plus, funcionarios de la Guardia venezolana han advertido de manera reiterada a periodistas que no crucen hacia el lado venezolano por el Puente Internacional Simón Bolívar, principal corredor binacional. Estas advertencias han generado un ambiente hostil que impide incluso el ejercicio periodístico desde zonas cercanas al paso fronterizo.

Prohibición de acceso a espacios seguros para la prensa

eriodistas locales también han señalado que está prohibido el ingreso al Centro Nacional de Atención Fronteriza (CENAF), el único espacio donde anteriormente podían desarrollar su trabajo con algún nivel de protección institucional. Ante la falta de instalaciones oficiales y seguras, varios equipos de prensa se han visto obligados a instalar carpas improvisadas en sectores aledaños para intentar continuar con el cubrimiento.

Seguimientos y vigilancia a periodistas extranjeros

A estas restricciones se suman denuncias de periodistas extranjeros que aseguran ser objeto de seguimiento y monitoreo por parte de hombres vestidos de civil, quienes cruzan desde Venezuela para grabarlos o tomarles fotografías. Estas acciones han incrementado la percepción de riesgo y vigilancia constante sobre los comunicadores que permanecen en la zona.

Retenciones y eliminación de material periodístico

Los reportes actuales se suman a los hechos ocurridos los días 3 y 4 de enero, cuando al menos tres periodistas colombianos fueron retenidos por autoridades venezolanas mientras realizaban cubrimientos informativos en pasos fronterizos.

Carlos Barragán, de Noticias Caracol; Luis Carlos Vélez, de Univisión Noticias; y Dubán Villamizar, de Revista Semana, denunciaron que fueron interceptados en sectores de Ureña, Villa del Rosario y Cúcuta, donde funcionarios de la Guardia venezolana y de organismos de inteligencia revisaron sus equipos y les exigieron desbloquear sus teléfonos celulares para borrar fotografías, videos y otros contenidos periodísticos.

Según los comunicadores, durante las retenciones recibieron tratos intimidantes y comentarios orientados a deslegitimar su labor, antes de ser obligados a regresar a territorio colombiano.

Preocupación por la vulneración al derecho a la información

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) informó que se encuentra documentando estos hechos y expresó su preocupación por las reiteradas vulneraciones al derecho a la información, especialmente en un escenario caracterizado por la opacidad informativa, la ausencia de datos oficiales verificables sobre víctimas y daños, y el control del acceso al espacio público.

Ante el aumento de periodistas y corresponsales nacionales e internacionales que se desplazan a la frontera, la FLIP solicitó de manera urgente a la Cancillería de Colombia adelantar acciones diplomáticas efectivas que garanticen el ejercicio periodístico y la protección de quienes cubren la situación en la frontera colombo-venezolana.

Asimismo, pidió a la Policía Metropolitana de Cúcuta brindar acompañamiento y garantías de seguridad a los comunicadores que realizan cubrimientos en el departamento de Norte de Santander, con el fin de prevenir intimidaciones y reducir los riesgos asociados a su labor.

Una obligación del Estado colombiano

Promover condiciones reales y seguras para el cubrimiento periodístico en contextos de frontera es, según la FLIP, una obligación del Estado colombiano. La falta de garantías no solo pone en riesgo la integridad de quienes informan, sino que restringe el acceso de la ciudadanía a información veraz y oportuna sobre la situación en Venezuela, un asunto de alto interés público para la región y la comunidad internacional.


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