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El Magdalena Medio, la zona cero del "fracking" en Colombia

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domingo, 15 marzo 2020

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En Colombia el debate se reavivó cuando el Gobierno de Iván Duque expidió en las últimas semanas un decreto con las normas técnicas para permitir proyectos pilotos de investigación de “fracking” para revisar su viabilidad.

"Cincuenta pozos de petróleo no tienen el valor de un ecosistema", expresa desafiante el líder social Javier Vega bajo la sombra de un árbol, único refugio para los 40 grados que calientan el pequeño pueblo de Puerto Patiño, en el valle del Magdalena Medio.

Puerto Patiño -que mira de frente a la ciénaga Doña María en el río Magdalena, la principal arteria fluvial de Colombia- es candidato para que un proyecto de "fracking" extraiga petróleo a menos de un kilómetro del centro del pueblo.

El "fracking" o fractura hidráulica es una técnica que consiste en inyectar grandes cantidades de agua y sustancias químicas a alta presión para quebrar la roca madre y liberar así petróleo y gas.

Los países pioneros en esta práctica en América Latina son Argentina y México.

En Colombia el debate se reavivó cuando el Gobierno de Iván Duque expidió en las últimas semanas un decreto con las normas técnicas para permitir proyectos pilotos de investigación de "fracking" para revisar su viabilidad.

El Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo de Colombia, aprobó una suspensión en 2018 para esta técnica y estudia actualmente una demanda que busca prohibirla.

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PREOCUPACIÓN SOCIAL

El polvo cubre los techos de zinc de este pueblo de 900 habitantes, Alí Vega, de 60 años, es uno de los líderes sociales que está en contra del "fracking".

Teme que el proyecto que la petrolera canadiense ConocoPhillips prevé en la zona seque la ciénaga Doña María, de la que el pueblo pesquero lleva más de cincuenta años alimentándose y es vital para sus tradiciones.

"El 'fracking' nos va a contaminar las aguas subterráneas que nutren la ciénaga. Además, ¿de dónde van a sacar el agua para fracturar la roca? ¿Y dónde se van a dejar esas aguas residuales? Nos las van a dejar en la laguna, y nadie, ni el estado ni nosotros, las va a limpiar", lamenta Vega.

El conflicto armado no consiguió sacarlo de su casa, a pesar de que en el año 1995 un grupo de paramilitares masacró a nueve campesinos del municipio al acusarlos de formar parte de la guerrilla, pero si el proyecto sigue adelante teme que tenga que irse a la ciudad.

"En esa época sufrimos maltrato psicológico pero no quise irme, pensaba que si me desplazaba iba a hacinarme en otras partes, iba a incomodar a otra familia, yo me quedo en mi territorio. No me preocupé por desplazarme, ahorita sí ando preocupado porque sin la ciénaga no tengo de dónde comer", explica Vega, que por estas denuncias está amenazado.

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Las ventanas abiertas del Magdalena Medio

Como Puerto Patiño, otras poblaciones bañadas por el río Magdalena, de 1.500 kilómetros de longitud, postulan a alojar los pozos y convertir el valle del Magdalena Medio en la zona cero del "fracking" en Colombia.

Su población más grande, Barrancabermeja, apodada "la capital petrolera de Colombia" en la que las llamaradas de su refinería no paran de humear, tiene problemas de potabilidad y de alcantarillado tras cien años de promesas de abundancia de la industria petrolera.

Los partidarios del "fracking" argumentan que con esta técnica se crearán nuevos empleos y se garantizará la soberanía energética del país, en el que el petróleo y sus derivados constituyeron el 40 % de las exportaciones en 2019, según datos del Ministerio de Comercio.

"Si se valida su potencial, los cuatro proyectos piloto de fracking que están ahora sobre la mesa podrían significarle al país 450.000 barriles diarios adicionales de petróleo y reservas de petróleo y gas por más de 25 años", explica a Efe Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo.

Lloreda reconoce los problemas de ciudades como Barrancabermeja pero rechaza que la culpa sea de la industria, sino que lo atribuye a la mala gestión institucional y al robo de las regalías, que son la contribución económica de las empresas petroleras al Estado para que se lleven a cabo obras públicas que beneficien a la población.

 


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