Carlos Ramón González Merchán es señalado de haber direccionado contratos públicos para entregar sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, según la Fiscalía.
Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), tras considerar fundados los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación sobre su presunta participación en una red de corrupción en el interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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De acuerdo con el ente acusador, González Merchán habría dispuesto el direccionamiento de contratos dentro de la UNGRD para beneficiar con sobornos a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, según la investigación, los pagos ilícitos se habrían hecho a cambio de apoyo en el trámite de iniciativas legislativas.
La Fiscalía imputó a González los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, no obstante, la medida de aseguramiento fue impuesta solo por los dos primeros delitos, los cuales el exfuncionario no aceptó.
La orden de captura se produjo tras considerar que González podría interferir en la investigación o evadir su comparecencia en las etapas posteriores del proceso penal, la investigación, liderada por dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, sostiene que entre septiembre y octubre de 2023, González instruyó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para que facilitara recursos provenientes de un contrato destinado a la compra de 40 carrotanques —que debían abastecer de agua a comunidades indígenas de La Guajira— con el fin de pagar sobornos.
La suma de $4.000 millones de pesos en efectivo habría sido distribuida entre ambos congresistas: $3.000 millones para Iván Name, transportados por Sandra Ortiz, y $1.000 millones para Andrés Calle.
La decisión judicial fue apelada por las partes y ahora será revisada por una instancia superior.
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