La vivienda entre Granada y El Santuario funcionó como una “casa estudio” usada para mantener secuestradas a personas vulnerables antes de convertirlas en falsos positivos.
En las Audiencias de Reconocimiento del Subcaso Antioquia del #Caso03, el compareciente Juan Carlos Quiroz Osorio (quien entre el 3 de mayo de 2001 y el 30 de junio de 2004 fue capitán, asistente de la Sección de Operaciones del BAJES, luego jefe de la misma (S3) y posteriormente ejecutivo y segundo comandante) reveló detalles de uno de los engranajes más oscuros dentro del Batallón de Artillería N.º 4 “Jorge Eduardo Sánchez” (BAJES).
Según su testimonio, una vivienda ubicada entre Granada y El Santuario, en Antioquia, era conocida internamente como la “casa estudio”, y funcionaba como centro clandestino de secuestro y preparación de víctimas que serían asesinadas y posteriormente reportadas como supuestas bajas en combate.
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“Los peluquiaban, les daban de comer, les cambiaban la ropa y, lo más triste, les enseñaban a disparar”, relató Quiroz.
A este lugar eran llevados habitantes de calle y personas vulnerables engañadas en Medellín, quienes permanecían retenidas hasta ser trasladadas a zonas rurales donde se consumaban las ejecuciones.
Estigmatización y señalamientos: la voz de Blanco Bonilla
El compareciente Rubén Briam Blanco Bonilla, comandante de la batería ‘Atacador’ del BAJES entre el 24 de junio de 2003 y el 21 de septiembre de 2004, reconoció lo que significaba mirar a las víctimas a los ojos en el marco de la justicia restaurativa.
Explicó cómo existía una narrativa institucional que señalaba directamente a los habitantes de Granada:
“Por la instrucción que me dieron cuando llegué, en el corregimiento de Santa Ana se concentraba el enemigo. (…) Eso hizo calar en mi cabeza que esa era el área más complicada y que todos los habitantes, sin distinción, eran parte de un grupo armado”.
Reconocimiento a las familias: desapariciones y asesinatos de menores
Tras la entrega digna de las víctimas, Nelson Carvajal Chisco habló frente a las familias de los jóvenes asesinados.
“Nosotros fuimos los causantes de ese daño irreparable”, expresó, aceptando responsabilidad en la desaparición forzada y asesinato de los menores Heider Alberto Velásquez Idárraga, de 16 años, y Jairo Andrés Alzate González, de 15.
También pidió dignificar el nombre de Juan Carlos Castaño Tobón y el de todas las víctimas.
San Francisco: una operación militar guiada por paramilitares
El compareciente Juan Pablo Hurtado Mariño, comandante de pelotón entre el 1 de julio de 2003 y el 25 de mayo de 2005, relató detalles sobre la Masacre de San Francisco, en la que fueron asesinados:
- Julio César Cano
- Luis Albeiro Ciro
- Rosa Edilia Giraldo Orozco
- Marco Tulio Giraldo Orozco
- Rosa Giraldo Orozco
- Luis Albeiro Ciro
Según Hurtado, la operación involucró a todas las unidades del Grupo Mecanizado y se ejecutó con apoyo paramilitar:
“A todas las unidades les daban un guía. Los guías eran paramilitares. (…) Me dieron uno que había sido guerrillero, pero ya era paramilitar. Era el comandante en San Francisco, alias ‘Cabellón’”.
Órdenes directas de asesinato: el testimonio de Villegas Cano
En su intervención, Villegas Cano reconoció haber ordenado el asesinato de Luis Albeiro López Escobar, el 4 de enero de 2005.
“Ordené a dos de mis hombres que fueran hasta el municipio de Sonsón (…) que lo vistieran de camuflado y ordené que lo asesinaran”, confesó.
Dijo que el camuflado fue entregado por un sargento segundo de apellido Flórez, quien tenía vínculos con grupos paramilitares.
También aceptó responsabilidad en el asesinato de la menor Yuri Isabel Toro Montes, de 14 años, y de Henry de Jesús Quintero, el 24 de enero de 2005:
“Las armas y todo lo que pusimos con el ‘kit’ (…) fueron suministrados por grupos de autodefensas. (…) Me confabulé con ellos”.
La política del “conteo”: una práctica sistemática e impulsada desde la comandancia
El coronel retirado Juan Carlos Piza Gaviria, comandante del Grupo Mecanizado “Juan del Corral” entre el 1 de diciembre de 2003 y el 24 de octubre de 2005, reconoció que desde su llegada a la IV Brigada recibió una instrucción clara:
“Se me estableció (…) superar los resultados operacionales de mi antecesor. (…) La presión de resultados se me estableció desde el primer día”.
También admitió que la llamada “dinámica operacional”, basada en el conteo de bajas, estructuró el trabajo de la brigada:
“Fomenté en cada momento la política de facto del conteo de muertos; una política impulsada por los comandantes de la Brigada”.
Identificó expresamente a los generales responsables de impartir esa presión:
- General González (2004–2005)
- General Pico Hernández (2005–2006)
- General Rodríguez Clavijo (2006–2007)
Además, afirmó:
“Esta política fue emitida por el comando del Ejército para cada uno de los comandantes. (…) Fue una política del mal, de hacer el mal”.
589 víctimas en el subcaso: magnitud del horror
La JEP documentó que antiguos integrantes de los seis batallones priorizados en este subcaso asesinaron a:
589 personas entre 2002 y 2007, 228 de ellas fueron, además, víctimas de desaparición forzada y 111 continúan desaparecidas.
Audiencias continúan en Medellín
Las sesiones del 5 y 6 de diciembre hacen parte de un proceso más amplio.
La Audiencia de Reconocimiento del Subcaso Antioquia continuará en Medellín los días 15, 16 y 17 de diciembre, donde deberán reconocer responsabilidad comparecientes pertenecientes a otros cuatro batallones de la IV Brigada implicados en ejecuciones extrajudiciales.
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