¿Menores comprenden diferente los actos ilícitos?, por eso no se juzga igual

En medio de la conmoción nacional de los últimos días, tras los recientes delitos cometidos por adolescentes como el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, perpetrado por un joven de 14 años, o el asesinato del concejal Juan Camilo Espinosa en San Andrés de Cuerquia a manos de un menor de 17 años, resurgen la controversia sobre la efectividad de la justicia juvenil en el país.

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Colombia cuenta con un modelo que no busca exclusivamente castigar, sino formar y reparar. Este sistema fue diseñado para los jóvenes entre 14 y 18 años que cometieron infracciones a la ley penal, parte de sus principios se basan en que todo menor tiene derecho a la resocialización y rehabilitación. Mediante el SRPA se busca que los adolescentes sean conscientes del daño que causaron, lo reparen con las víctimas de manera directa o indirecta y se reintegren como ciudadanos en la sociedad.

A diferencia del sistema penal para adultos, este modelo está guiado en principios restaurativos y pedagógicos, como lo establece la Ley 1098 de 2006 en el código de infancia y adolescencia. El proceso judicial y las sanciones que se imponen tienen como objetivo la educación, el respeto por sus derechos como menor de edad , y la construcción de una vida lejos de los delitos.

El ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, y los jueces penales de adolescentes son las principales entidades encargadas de llevar los casos. Estas instituciones junto con psicólogos, trabajadores sociales y defensores de familia, garantizan que se busque justicia, y se garantice la protección junto al apoyo integral que se puede requerir.

Al momento de interponer sanciones se determinan factores como la gravedad del hecho, la edad del adolescente, su entorno familiar y la disposición para reparar el daño. Se contemplan castigos desde la amonestación, servicio comunitario, hasta la privación de la libertad en centros especializados, con dos modalidades como la libertad vigilada o el internamiento en medio semicerrado.

Uno de los elementos fundamentales del SRPA es la implementación de la justicia restaurativa y sus prácticas, fomentando el diálogo entre la víctima y el victimario, lo que promueve la toma de conciencia, responsabilidad y reparación del daño. Allí se implementa estrategia como los círculos restaurativos, conferencias familiares o encuentros para facilitar la reconstrucción del tejido social.

A pesar de que se encuentra constituido un modelo especial, los recientes hechos de violencia protagonizados por menores de edad han puesto en el foco a la ciudadanía sobre su funcionamiento. En el caso del menor de 14 años que atentó contra la vida del precandidato Miguel Uribe, generó una oleada de indignación, sobre todo al conocerse que el joven tenía antecedentes. De igual manera, el homicidio del concejal Espinosa en el departamento de Antioquia, encendió las alarmas y el debate sobre el reclutamiento de menores por bandas criminales.

Ante el panorama actual, una de las estrategias que se contempla en este sistema es la inclusión social como parte del proceso sancionatorio. Se busca promover el acceso a educación, salud, formación laboral, cultura y deporte, así como el fortalecimiento en las redes de apoyo familiar. El objetivo es garantizar oportunidades para cambiar el rumbo de vida, y una mejor reinserción a la sociedad colombiana.

El SRPA, cuenta con instancias de coordinación como los comités departamentales, creados por el Decreto 1885 de 2015, permitiendo hacer un seguimiento, articulación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la justicia en los jóvenes.