La nueva reforma tributaria enfrenta su mayor reto en el Congreso

Este lunes, el gobierno del presidente Gustavo Petro radicó antes la Cámara de Representantes, su tercera reforma tributaria, un proyecto con el que busca recaudar 26,3 billones de pesos en 2026, equivalentes a 6.300 millones de dólares, para cubrir el déficit del presupuesto nacional, que asciende a 557 billones de pesos.

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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, entregó el informe compuesto por 86 disposiciones que modifican impuestos ya existentes y crean nuevos tributos, bajo el argumento de garantizar la estabilidad fiscal del país.

Tras las tensiones políticas que vive el país, la propuesta llega luego que el año pasado, el congreso rechazó el monto global del presupuesto como la reforma que pretendía respaldarlo, obligando al poder ejecutivo a expedirlo por decreto, aunque desfinanciado. En la actualidad, no se han definido los recortes que aplicarán para este año, y el panorama de 2026 amenaza con repetir el mismo escenario, es asó como la administración insiste en que, sin la reforma, no será posible cumplir con las metas de gasto ni con los compromisos de inversión social que ya se había planteado.

Los productos que tendrán IVA

Entre las medidas más relevantes sobresale el aumento de la sobretasa al impuesto de renta que ya pagan los bancos, aseguradoras y comisionistas de bolsa. Actualmente, enfrenta una tarifa del 40 % frente al 35 % general, y el proyecto pretende subirla en un 50 %. Se propone gravar con IVA del 19 % las apuestas, juegos de azar y plataformas de apuesta en línea, inclusive las que operan desde el extranjero.

Por su parte, las iglesias deberán tributar por las actividades de carácter comercial, y aún se mantendrá la exención en sus prácticas religiosas.

El documento plantea la aplicación del IVA del 19 % a las boletas de conciertos y partidos de fútbol cuando el valor supere los 470.000 pesos; las boletas de cine también estarán entre los servicios que tendrán IVA, si se aprueba la reforma. Asimismo, bebidas alcohólicas como licores, vinos y aperitivos quedarían sujetas a la tarifa general, además del impuesto al consumo ya existente, mientras que los cigarrillos y productos de tabaco, incluidos los vapeadores, tendrían un aumento escalonado en los gravámenes.

En materia ambiental y de salud, se refuerza el impuesto al carbono y se crea un tributo especial para la extracción de hidrocarburos y carbón, con destinación específica para programas de biodiversidad, erosión costera y sustitución de cultivos ilícitos. De igual modo, se actualizan las tarifas del impuesto al consumo de bebidas y tabaco, con recursos adicionales dirigidos al financiamiento del sistema de salud.

A nivel individual, el texto también introduce cambios en la tributación de personas naturales y jurídicas, es decir, para los contribuyentes de mayores ingresos, la tabla progresiva de renta alcanzará tasas marginales de hasta el 41 % mientras que el impuesto al patrimonio se aplicará a partir de 40.000 UVT, con una escala que llega al 5 % para patrimonios superiores a dos millones de UVT.

Por otro lado, en cuanto a las ganancias ocasionales, los premios de loterías y rifas pagarán una tarifa del 30 %, y la utilidad en la venta de activos fijos con menos de cuatro años dejará de considerarse ganancia ocasional para tratarse como renta líquida ordinaria.

La iniciativa incluye un capítulo sobre activos digitales y plataformas de servicios tecnológicos. Se define por primera vez el concepto de “activo digital” y se establece que su enajenación, directa o indirecta, tendrá tratamiento similar a la de los bienes físicos. Las plataformas digitales deberán pagar un impuesto del 5 % y reportar las operaciones de sus usuarios a la DIAN cuando superen el umbral de 1.400 UVT al año.

Además, se plantean mecanismos de control y normalización tributaria. Los contribuyentes con activos omitidos o pasivos inexistentes podrán regularizarse mediante un impuesto del 15 %, sin sanciones ni acciones penales, siempre que no provengan de actividades ilícitas. Por otro lado, se ofrecerán reducciones transitorias en sanciones e intereses para obligaciones tributarias vencidas, con plazos hasta 2026.

El articulado también refuerza la facturación electrónica, vinculándola a deducciones en el impuesto de renta para quienes soporten sus compras con dicho mecanismo.

El ministro Ávila defendió la propuesta en el Capitolio Nacional señalando que “el debate debe ser serio y responsable” y que el Gobierno busca conjugar la discusión presupuestal con la de financiamiento. A su vez, Armando Benedetti, ministro del interior, hizo énfasis en que el margen de maniobra es mínimo debido a la crisis fiscal que atraviesa el país.

La reforma debe superar cuatro debates, dos en la Cámara de representantes y dos en el Senado, antes de convertirse en ley, en un escenario donde el trámite legislativo será arduo con las fragilidades actuales. Entre las voces que mostraron oposición al documento, se encuentra Enrique Cabrales, presidente de la comisión cuarta, del Centro Democrático, quien mencionó: “rechazo el trámite de una dictadura tributaria del Gobierno Petro” “no acompañaré una reforma que siga asfixiando a los colombianos mientras el gasto público crece sin control ni eficiencia”.

A un año de las elecciones electorales, el ambiente entre el gobierno y oposición se intensifica, cuando distintos congresistas buscan asegurar respaldo ciudadano para su reelección.

De igual manera, gran parte del Legislativo está en contra, sumado a ello sectores empresariales alertan sobre el impacto de las nuevas cargas, y la viabilidad de la reforma luce incierta. El próximo 15 de septiembre vence el plazo para aprobar el monto global del presupuesto y, sin ley de financiamiento, se podría repetir la fórmula del decreto, con las consecuencias de una mayor desfinanciación.