Nueve partidos de oposición anunciaron que en solidaridad a Miguel Uribe van a suspender agenda en el Senado, así mismo, enviaron una carta exigiendo garantías para el proceso electoral, al Procurador Gregorio Eljach.
Nueve partidos políticos de oposición anunciaron la suspensión de las sesiones en el Senado como muestra de solidaridad con el senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el sábado pasado. Este hecho ha despertado en los partidos una profunda desconfianza hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quienes no reconocen como garantes del proceso electoral.
Los partidos que suscriben esta decisión son el Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, Colombia Justa Libres, Cambio Radical, Mira, ASI, Partido de la U y Liga de Gobernantes Anticorrupción.
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En una carta enviada al Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, los partidos solicitaron la activación inmediata de la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral. En su comunicación, los firmantes pidieron que se convoque al director general de la Policía Nacional para abordar la crítica situación de orden público, argumentando que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha perdido credibilidad frente a los recientes hechos de violencia.
Además, exigieron que el ministro Benedetti comparezca ante dicha comisión para rendir cuentas sobre la propuesta de Consulta Popular impulsada por el Ejecutivo. También se solicitó la presencia del Contralor General de la República, con el fin de investigar el presunto uso de recursos públicos, provenientes de entidades como RTVC, ministerios y otras instituciones, para promover campañas electorales anticipadas.
La oposición solicitó, igualmente, citar al presidente del Consejo Nacional Electoral y al registrador nacional del Estado Civil, con el propósito de conocer su postura frente a la Consulta Popular planteada por el Gobierno Nacional.
Finalmente, los partidos anunciaron que harán un llamado a misiones internacionales de observación electoral, con el objetivo de garantizar el acompañamiento en la etapa preelectoral de las elecciones al Congreso y la Presidencia de la República.
Esta decisión marca un nuevo episodio de tensión política entre el Gobierno y los sectores de oposición, en un ambiente ya caldeado por denuncias de persecución, polarización y lenguaje violento.
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