Petro decreta salario mínimo de $2 millones y lo redefine como “salario vital familiar”

El presidente Gustavo Petro anunció un aumento histórico del salario mínimo en Colombia, que no se registraba desde antes de la década de los noventa. Con el auxilio de transporte incluido, el ingreso mínimo mensual alcanzará los 2 millones de pesos, una decisión que el Gobierno sustenta en el concepto de “salario vital familiar”.

Aunque el aumento del salario mínimo para este año, es el más alto desde finales de los años ochenta, un repaso histórico muestra incrementos aún mayores en 1986 y 1988.

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Un incremento fundamentado

Durante su alocución, el mandatario explicó que este enfoque se fundamenta en la Constitución de 1991 y en la doctrina social de la Iglesia, al considerar que el salario mínimo no debe calcularse únicamente sobre el consumo individual del trabajador, sino sobre la capacidad de su núcleo familiar para vivir con dignidad.

Según lo expuesto, el cálculo parte de cifras oficiales del DANE, que estiman una canasta familiar mínima cercana a los 3,5 millones de pesos. Este valor se divide entre el promedio de 1,5 trabajadores por familia, en hogares de aproximadamente 3,5 personas, lo que da como resultado el monto decretado.

El ajuste representa un incremento de entre 23 % y 24 % frente al salario mínimo del año anterior, convirtiéndose en uno de los aumentos reales más significativos de las últimas décadas.

Uno de los énfasis del anuncio fue la aplicación directa de este salario en los niveles más bajos de la Fuerza Pública. El presidente se comprometió a que soldados y patrulleros de la Policía Nacional reciban el salario mínimo de 2 millones de pesos, con el objetivo de que puedan enviar recursos suficientes a sus familias. Para ello, el Gobierno no descartó acudir a una emergencia económica que permita ajustar el presupuesto nacional.

Impacto económico

En cuanto al impacto económico, el jefe de Estado afirmó que los incrementos reales del salario mínimo no han generado el desempleo que advierten algunos sectores. Por el contrario, sostuvo que el aumento salarial, especialmente en la Fuerza Pública, ha funcionado como una palanca de reactivación económica, dinamizando el consumo y contribuyendo a la reducción de la pobreza.

Petro también hizo una referencia histórica al señalar que en la década de los sesenta Colombia llegó a tener uno de los salarios mínimos más altos de América Latina, periodo que, según indicó, coincidió con menores niveles de violencia en el país.

En síntesis, la política salarial del Gobierno busca que el salario mínimo vuelva a cumplir su función constitucional como sustento vital, comparable “con el cimiento de un edificio”: si es lo suficientemente sólido para sostener a toda la familia, la estructura social se mantiene estable y la economía puede crecer con mayor firmeza.

Primera reacciones

El anuncio no se hizo esperar y de inmediato las redes estallaron con reacciones al respecto. En X, la senadora María Fernanda Cabal, expresó “El alza del 23 % al salario mínimo es populismo disfrazado de justicia social de esa que promete el pobresismo. Golpea al empleo, asfixia a las pymes y acelera la informalidad. Pan para hoy, hambre para mañana”.

Por su parte, el senador Ariel Ávila, si bien estuvo de acuerdo señaló un posible riesgo. Mencionó que a pesar de las críticas, la economía puede absorber este aumento sin disparar la inflación, aunque reconoce que la verdadera amenaza radica en el posible aumento del desempleo dentro de los sectores más vulnerables.

El presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias Giraldo, celebró la noticia manifestando que “Desde la clase trabajadora, los sectores populares y la CUT, celebramos el aumento del 23 % del salario mínimo que decretó el Gobierno de Gustavo Petro. Este incremento también es una reivindicación de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Más ingresos, más productividad, más consumo interno, y mejor vida para millones de familias del país”.

Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham, sostuvieron “El salario mínimo tiene un objetivo legítimo y necesario: proteger el poder de compra de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal. En ese contexto, un incremento del 23 %, aunque se presente como un avance social, en las condiciones actuales puede convertirse en una decisión difícil de sostener y terminar afectando el empleo, la continuidad de muchas compañías y, paradójicamente, a los hogares que se busca respaldar”.