La Corte Constitucional ordenó repetir la última votación del proyecto por vicios en su trámite. La ley no podrá entrar en vigencia hasta que se subsane el error.
La Corte Constitucional de Colombia decidió suspender provisionalmente la entrada en vigencia de la reforma pensional, uno de los principales proyectos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al detectar vicios de procedimiento en su trámite legislativo. Aunque la decisión no implica el hundimiento definitivo de la ley, sí ordena a la Cámara de Representantes repetir la última votación para corregir los errores cometidos durante su aprobación.
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La Sala Plena del alto tribunal, de manera unánime, acogió las demandas presentadas contra la Ley 2381 de 2024, entre ellas la de la senadora Paloma Valencia, del partido opositor Centro Democrático, quien alegaba que se omitieron debates obligatorios. En lugar de declarar inconstitucional la norma —como proponía el magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez—, la Corte optó por devolver el proyecto al Congreso, otorgándole un plazo de 30 días hábiles, contados únicamente durante el periodo de sesiones, para corregir el trámite.
La decisión fue interpretada como un “salvavidas” político y jurídico. El presidente Petro celebró el fallo en sus redes sociales y anunció que se convocarán sesiones extraordinarias para cumplir con lo exigido por la Corte. “La reforma pensional se ha salvado”, afirmó, al tiempo que instó a la Cámara a aprobar el texto con rigurosidad.
El proyecto busca unificar el sistema pensional, actualmente dividido entre fondos privados y el fondo público, y establece un nuevo modelo de pilares, uno de sus componentes más destacados es el pilar solidario, que pretende garantizar un ingreso básico a cerca de 500.000 adultos mayores sin pensión, con la meta de llegar a tres millones de beneficiarios en 2025.
Sin embargo, el trámite acelerado que se dio en la Cámara de Representantes en junio de 2023, al aprobarse sin debate el texto del Senado, fue considerado irregular por la Corte. Según el fallo, el presidente de la Cámara deberá rendir un informe sobre el cumplimiento de la decisión, y solo entonces el alto tribunal emitirá un concepto definitivo sobre la constitucionalidad de la ley.
El fallo se da en un contexto de tensión institucional; la Corte ha experimentado recientes recambios en su composición, lo que añadió incertidumbre sobre su orientación frente a temas sensibles. La decisión de priorizar este expediente obedece, en parte, a la inminente entrada en vigencia de la reforma el próximo 1 de julio, lo cual habría generado un panorama de inseguridad jurídica si se aprobaba sin subsanar los errores de fondo.
Por ahora, la reforma queda en suspenso, su futuro dependerá de la capacidad del Congreso para corregir el procedimiento dentro del nuevo plazo otorgado, mientras tanto, continúa el debate nacional sobre el rumbo del sistema pensional y las implicaciones políticas de una reforma que ha sido bandera del actual Gobierno.
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