Estas normativas, impulsadas por la senadora Andrea Padilla, buscan fortalecer las herramientas jurídicas para combatir el maltrato animal y mejorar las condiciones de vida de los perros vigilantes.
Una nueva página en la historia del bienestar animal en Colombia comenzó a escribirse este miércoles en la Casa de Nariño. Con un acto simbólico encabezado por el presidente Gustavo Petro Urrego en la Plaza de Armas, fueron sancionadas las leyes Ángel y Lorenzo, dos iniciativas legislativas que marcan un antes y un después en la forma en que el país protege a sus animales.
Ambas normativas nacen del trabajo persistente de la senadora Andrea Padilla Villarraga y contaron con el respaldo de congresistas como Juan Carlos Wills, Ariel Ávila, Daniel Carvalho y Ana María Castañeda, quienes sumaron esfuerzos para que estas propuestas llegaran a convertirse en ley.
Ley Ángel: justicia para quienes no tienen voz
Inspirada en la desgarradora historia de un perro llamado Ángel, víctima de una brutal agresión en Boyacá, esta ley fortalece el marco jurídico contra el maltrato animal. El caso, ocurrido en 2021 y que estremeció a todo el país, dejó a Ángel con el 80 % de su cuerpo despellejado. Pese a los esfuerzos de una fundación protectora, el animal falleció a principios de 2025, dejando tras de sí un poderoso símbolo de resistencia y dignidad.
Con esta nueva legislación, las penas por causar daño o muerte a un animal se endurecen de forma significativa: quienes incurran en actos de crueldad grave o abuso sexual enfrentarán condenas que superan los cuatro años de prisión, lo cual elimina la posibilidad de beneficios como la excarcelación.
Además, las sanciones económicas se triplican y alcanzan hasta 60 salarios mínimos en los casos más graves. Como complemento, se contemplan medidas adicionales como la inhabilidad para tener animales o ejercer profesiones relacionadas con ellos, y la creación de un registro nacional de agresores, gestionado por la Fiscalía y la Policía.
Ley Lorenzo: dignidad para los perros trabajadores
La segunda de las leyes sancionadas —bautizada como Ley Lorenzo— gira en torno a la protección de los perros utilizados en la vigilancia privada. La chispa que encendió esta causa fue el caso de Lorenzo, un canino que sufrió maltrato mientras prestaba servicio en un centro comercial de Bogotá. Su historia generó una ola de indignación pública y dio pie a una iniciativa sin precedentes en América Latina.
La nueva normativa tiene un doble propósito: por un lado, fomenta el desarrollo de tecnologías que permitan reemplazar gradualmente a estos animales en tareas de seguridad; por otro, asegura condiciones de bienestar dignas para aquellos que aún ejercen esa labor.
Las empresas del sector deberán ahora garantizar descansos adecuados, alimentación balanceada, espacios cómodos y protegidos del clima, así como el retiro digno de los perros al finalizar su vida laboral. También será obligatorio esterilizarlos desde los seis meses de edad, reducir su tiempo de servicio a un máximo de seis años y registrar cada ejemplar en una base nacional con seguimiento permanente.
La vigilancia y control del cumplimiento de esta ley estará a cargo de la Superintendencia de Vigilancia y las entidades territoriales.
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