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Se hallaron rastros de sangre en un elemento recuperado en un terreno protegido en el sur de Bogotá, donde antes operó el Batallón Charry Solano, vinculado a la búsqueda de Pedro Julio Movilla.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la identificación de rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados en un terreno protegido como área de interés forense, ubicado en el sur de Bogotá.

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En el predio funcionan actualmente la Escuela de Logística y el Batallón de Contrainteligencia del Ejército, y anteriormente operó el Batallón Charry Solano.

La novedad fue comunicada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), que solicitaron la medida cautelar sobre el lugar.
El hallazgo se relaciona con materiales recolectados en un terreno que ya había sido objeto de controversia.

En febrero de 2025, la JEP denunció una excavación no autorizada en zonas que contaban con protección judicial desde el 12 de septiembre de 2024. La magistratura había ordenado esas medidas tras recibir información de un compareciente, con el fin de salvaguardar posibles evidencias y garantizar los derechos de los familiares del desaparecido.

Tras detectar la intervención indebida, la Jurisdicción activó varias acciones: presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.

Como resultado de este último, fue sancionado el entonces director de la Escuela de Logística, el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa equivalente a diez salarios mínimos legales vigentes. La sanción económica fue confirmada en segunda instancia el 8 de octubre de 2025.

En su decisión, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad advirtió que la alteración del terreno protegido produjo un daño irreversible y profundizó la incertidumbre de la familia, que lleva más de tres décadas buscando respuestas. Según la magistratura, la intervención pudo afectar la posibilidad de establecer, con las técnicas forenses actuales, si en el área alterada se encontraba el cuerpo de la víctima.

Reacciones de la JEP y de víctimas

Los elementos recuperados fueron enviados inicialmente a la Fiscalía. Sin embargo, al constatar que habían regresado a la Escuela de Logística, la JEP ordenó su recuperación y dispuso que, a través de la Unidad de Investigación y Acusación, fueran remitidos nuevamente a Medicina Legal para la práctica de los análisis que derivaron en los resultados ahora revelados.

 

La información hace parte de un proceso de valoración más amplio dentro del trámite cautelar que adelanta el Tribunal para la Paz. La JEP reiteró que la garantía de los derechos de las víctimas es una obligación del Estado en su conjunto y subrayó la necesidad de una actuación coordinada entre instituciones para ofrecer verdad y justicia después de décadas de espera.


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