Aunque ha enfrentado sanciones, órdenes de suspensión y fuertes cuestionamientos por parte del gremio de taxistas, la plataforma continúa operando en Colombia. La pregunta persiste.
En diciembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la suspensión de Uber en Colombia tras una demanda por competencia desleal. El argumento central fue que la plataforma facilitaba la prestación de un servicio público de transporte sin contar con la habilitación exigida por la ley.
Ese antecedente y sin mucho avance 7 años después, hace que la respuesta sobre legalidad no sea absoluta. La situación jurídica de Uber en el país se mueve en una zona gris normativa que, hasta hoy, no ha sido resuelta mediante una regulación integral.
Antecedentes de la aplicación
Tras la demanda en 2109, la decisión se hizo efectiva en febrero de 2020, cuando la aplicación dejó de operar temporalmente en el país. Meses después, Uber regresó al mercado colombiano bajo un esquema jurídico diferente.
La compañía sostuvo que no presta directamente el servicio público de transporte, sino que actúa como intermediaria tecnológica entre usuarios y conductores, mediante contratos de arrendamiento de vehículo con conductor.
Este cambio fue clave en su retorno. Sin embargo, no implicó una ley nueva que regulara de manera expresa a las plataformas digitales de transporte.
¿Qué dice la normativa colombiana?
En Colombia, el transporte público individual de pasajeros está regulado por el Estado y requiere habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte. Los taxis, por ejemplo, operan bajo un régimen estricto que incluye licencias específicas, tarjeta de operación, cupos autorizados y regulación tarifaria.
Las plataformas digitales, en cambio, no cuentan con una norma específica que las integre formalmente al sistema de transporte público.
Por esa razón, jurídicamente no existe una declaración legislativa que diga que Uber es “legal” en el mismo sentido que un taxi, pero tampoco hay una prohibición expresa que la saque definitivamente del mercado.
Multas y procesos
A lo largo de los últimos años, Uber ha enfrentado distintos procesos administrativos en Colombia relacionados con casos de competencia desleal, obstrucción administrativa, operación sin habilitación formal como empresa de transporte.
Algunos de estos procesos han sido apelados y discutidos en instancias judiciales, lo que ha prolongado el debate sobre su estatus jurídico.
De manera que, desde un punto de vista estrictamente normativo, Uber no está incorporada al régimen legal del transporte público individual. Es decir, no opera bajo las mismas reglas que los taxis ni cuenta con una habilitación específica como empresa transportadora.
Sin embargo, tampoco existe una ley que prohíba de forma categórica el funcionamiento de plataformas tecnológicas de intermediación. En términos prácticos, se trata de una actividad que ha sido cuestionada y sancionada en escenarios administrativos, pero que no ha sido objeto de una prohibición definitiva mediante ley.
Funciona en casi todo el país
Más allá del debate jurídico, la realidad operativa es otra, Uber funciona en la mayoría de las principales ciudades de Colombia. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Armenia y otras capitales registran presencia activa de la plataforma, con miles de conductores vinculados y una demanda constante por parte de usuarios.
Esto significa que, aunque su situación legal no esté plenamente definida dentro del marco tradicional del transporte público, en la práctica la aplicación opera de manera extendida en el territorio nacional.
Las autoridades de tránsito pueden imponer comparendos a conductores por prestar un servicio no autorizado, pero la plataforma como tal continúa disponible para descarga y uso.
Un debate aún abierto
Durante los últimos años se han presentado proyectos de ley para regular las plataformas digitales de transporte, pero ninguno ha consolidado un marco definitivo que cierre la discusión. El debate enfrenta dos posturas principales por una parte, el gremio de taxistas, que sostiene que existe competencia desleal y el otro de las plataformas tecnológicas, que argumentan que ofrecen un modelo distinto basado en economía digital y libre competencia.
Mientras no exista una regulación integral aprobada por el Congreso, Uber seguirá operando en un escenario de ambigüedad jurídica en la que resulta cuestionada desde el modelo tradicional de transporte, pero activa en el mercado colombiano.
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