Miles de niños en situación administrativa irregular en España podrían beneficiarse de una regularización extraordinaria que les otorgaría permisos de residencia por cinco años, reduciendo su vulnerabilidad.
Crecer como un niño en situación administrativa irregular en España significa aprender demasiado pronto lo que es vivir con miedo, intentar pasar desapercibido y hacerse preguntas que ningún menor debería formular.
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“Ahora que papá y tú vais a tener los documentos… ¿me van a devolver para Colombia?, ¿me voy a tener que ir sola?”, preguntó Samy, de 11 años, a su madre, Sofía Jiménez (42), cuando supo que sus padres estaban cerca de tramitar su regularización.
La inquietud se convirtió en alivio cuando le explicaron que ella también obtendría sus papeles. “Mami, ahora podremos salir tranquilas sin que nos digan nada”, celebró la niña, según relata su madre.
Niños que “heredan” la irregularidad
En España, los hijos de personas migrantes en situación irregular heredan la misma condición administrativa. Incluso si han nacido en el país y nunca han visitado el lugar de origen de sus padres, carecen de autorización de residencia si sus progenitores no la tienen.
Esto implica mayores niveles de pobreza, obstáculos burocráticos y exclusión en actividades cotidianas: excursiones escolares, comedor, actividades extraescolares o prácticas formativas pueden convertirse en barreras.
También limita la posibilidad de viajar al país de origen o acudir a la justicia en caso de sufrir un delito, por el temor a que una denuncia derive en un expediente de expulsión.
Una regularización con protección reforzada
El Gobierno español impulsa una regularización extraordinaria que contempla medidas específicas para la infancia. En el caso de los menores, el permiso de residencia sería de cinco años, frente al año habitual que se concede a los adultos.
No existen cifras oficiales actuales sobre cuántos niños viven en situación irregular en España, pero un informe de Save The Children y la Fundación PorCausa estimó que en 2019 eran cerca de 147.000, uno de cada cinco menores extranjeros en el país.
Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de Save The Children, advierte que suele producirse un “desfase” entre la regularización de los adultos y la ampliación del derecho a sus hijos, lo que incrementa la vulnerabilidad de los menores.
“Mami, ¿somos malas?”
Sofía llegó desde Colombia hace cuatro años con su familia. Durante ese tiempo, vivieron hacinados en una sola habitación, encadenaron empleos informales y enfrentaron múltiples trabas para trámites básicos como el acceso al comedor escolar o actividades extraescolares, que exigen un NIE (Número de Identidad de Extranjero).
Sin acceso a prestaciones y con dificultades para alquilar vivienda, la familia sobrevivió gracias a redes de apoyo como la asociación Mujeres Pa’lante.
Las consecuencias emocionales también han sido visibles. “El otro día mi hija me preguntó: ‘Mami, nosotras que somos migrantes, ¿somos malas?, ¿por eso la gente no nos quiere?’”, relata Sofía.
Exclusión en el deporte
La colombiana Shyrlene Lavalle, que reside en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), también espera la regularización tras huir de amenazas en su país.
Su hijo no pudo ingresar en la Federación Catalana de Fútbol, una situación que, según explica, afectó su estado de ánimo y complicó su proceso de adaptación.
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