La candidatura por firmas de Abelardo de la Espriella quedó en el centro de la polémica tras conocerse el alto número de apoyos que no fueron validados en la revisión. Sin embargo, la Registraduría aclaró que solo en dos de los 22 grupos inscritos se detectaron posibles fraudes y que, en este caso, las inconsistencias corresponden a errores técnicos.
La validación de firmas para respaldar candidaturas en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026 se convirtió en un foco de debate político y mediático esta semana, después de que trascendieran cifras sobre la proporción de apoyos validados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para el aspirante independiente Abelardo de la Espriella.
La controversia cobró fuerza luego de que reportes periodísticos y columnas de opinión revelaran que de los más de 5 millones de firmas entregadas por la campaña de De la Espriella, una gran mayoría, cerca del 60 % o más, no fue aceptada como válida por la autoridad electoral, por inconsistencias internas como datos ilegibles, registros que no coincidían con el Archivo Nacional de Identificación o firmas de personas que no figuran en el censo electoral.
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La información fue inicialmente difundida por la columnista Cecilia Orozco Tascón, quien señaló que, de las aproximadamente 5,7 millones de rúbricas radicadas, apenas unos 1,9 millones fueron avaladas como válidas. Este dato fue replicado en redes sociales y fuentes periodísticas, generando cuestionamientos de sectores políticos y analistas, que calificaron el elevado porcentaje de firmas descartadas como indicio de fallas en el proceso o incluso de prácticas irregulares.
La polémica se intensificó cuando el gerente regional de la campaña de De la Espriella publicó datos comparativos en su cuenta de redes sociales en los que mostraba la validación de firmas de distintos aspirantes, y luego los borró, lo que avivó aún más la discusión pública sobre transparencia en el proceso de verificación.
Exponentes de la oposición y figuras políticas afines han cuestionado la campaña de De la Espriella, señalando que el volumen de firmas no validadas podría revelar “prácticas cuestionables” o deficiencias en la recolección de apoyos. Por su parte, defensores del candidato han argumentado que el proceso de verificación es técnico y que la candidatura cumple con los requisitos legales necesarios, aunque sin ofrecer datos públicos completos.
Comunicado oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil
La entidad explicó que, de los 22 movimientos que radicaron apoyos ciudadanos, únicamente en dos, los encabezados por Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao, se detectaron inconsistencias que podrían configurar posibles fraudes o conductas delictivas. Esa información, recordó la autoridad electoral, ya había sido divulgada el pasado 19 de enero a través de sus canales oficiales y, ante la gravedad de los hallazgos, fue trasladada a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes.
En el caso de los demás aspirantes, entre ellos el movimiento que respalda a Abelardo de la Espriella, la Registraduría señaló que las irregularidades encontradas hacen parte de incidencias técnicas habituales en este tipo de procesos. Entre ellas mencionó datos ilegibles, registros que no coinciden con el Archivo Nacional de Identificación (ANI) o apoyos de personas que no aparecen en el censo electoral. Situaciones que, según la entidad, no constituyen por sí mismas delitos sino filtros normales dentro del procedimiento de verificación.
La autoridad electoral también recordó que la ley es clara en cuanto al umbral exigido: los comités debían acreditar como mínimo 635.216 firmas válidas, equivalentes al 3 % de los votos válidos depositados en la primera vuelta presidencial de 2022, que sumaron 21.173.842.
Finalmente, la Registraduría enfatizó que las orientaciones políticas de los ciudadanos son un derecho fundamental y que, por esa razón, la información de quienes firmaron para respaldar candidaturas no puede hacerse pública ni utilizarse con fines distintos a la verificación de los apoyos.
Con este pronunciamiento, la entidad busca desmarcar el proceso de validación de firmas de cualquier señalamiento generalizado de fraude y precisar que, salvo los dos casos denunciados ante la Fiscalía, las inconsistencias detectadas corresponden a ajustes técnicos propios de la revisión masiva de millones de registros.
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