Candidata a la cámara y exalcaldesa de La Tebaida indagada por corrupción

Rosa Patricia Buitrago Giraldo, exalcaldesa de La Tebaida y actual candidata a la Cámara de Representantes por el Quindío, es indagada por delitos de corrupción, cometidos durante su administración en el periodo 2016-2019. Se le investiga por la presunta apropiación de $1.000 millones, de recursos de la estampilla pro bienestar del adulto mayor.

Ayer se dio inicio a la audiencia de imputación ante el juzgado segundo promiscuo municipal de La Tebaida donde la Fiscalía 20 seccional de la unidad anticorrupción expuso 3 de los 6 convenios en los cuales la exfuncionaria, sus exsecretarios de Gobierno y privados habrían desfalcado al municipio y a la gobernación del Quindío.

Hoy continúa la audiencia donde se abordarán los otros 3 contratos, la fiscal explicará la supuesta actuación de estas personas en los delitos de peculado y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y, al final, se definirá si los señalados aceptan o no los cargos.

La investigación

Las presuntas acciones al margen de la ley por parte de Rosa Patricia Buitrago Giraldo, Fáber Gemay López Narváez, Germán Alonso Torres Tejada, Guillermo Guzmán Bernal y Karla Daniela Quintero Tejada tienen que ver, según la Fiscalía, con la destinación final de los recursos de la estampilla pro adulto mayor departamental, los cuales no se habrían invertido en la atención de 250 adultos mayores —incluidos en los niveles 1 y 2 del Sisbén—, o para personas mayores en completo abandono de La Tebaida, sino que, al parecer, se habrían apropiado de ellos.

De acuerdo con la Fiscalía, la administración municipal de Buitrago Giraldo aprobó el pago de cerca de $1.000 millones durante su gobierno al centro de asociación Miguel Pinedos Barros, denominado centro día, con el fin de atender socialmente a personas mayores a 60 años de escasos recursos de ese municipio.

Sin embargo, según el ente perseguidor penal, se hicieron los convenios, entregaron los informes de ejecución sin cumplir los requisitos legales para sustentar que los dineros sí se habían destinado para la atención social de estos ciudadanos y, aun así, fueron aprobados por la hoy exalcaldesa.

Entre las irregularidades, la Fiscalía encontró en los documentos que de los 250 adultos mayores que, supuestamente atendió el centro día, más del 50 % tenía cédulas de otros departamentos —Boyacá, Antioquia, Caldas, entre otras regiones—, a pesar de que la naturaleza del contrato señalaba que la atención estaba destinada para población de La Tebaida y no de localidades aledañas o lejanas.

También, dijo la fiscal, dentro de la cantidad de personas atendidas en el centro de asociación Miguel Pinedos Barros, la mayoría ya había fallecido —sobre todo en el 2019— y estos decesos no fueron reportados porque en los informes seguían apareciendo para justificar el gasto del dinero público de atención, gasto que ascendía a $800.000 mensuales por cada uno de los 250 adultos mayores.

Además, algunas cédulas, según la investigación, tampoco existían, eran ciudadanos fantasmas, mientras que otros adultos mayores, que sí aparecían como residentes de La Tebaida, hacían parte del sistema subsidiado de las EPS o cotizaban salud, situaciones que impedían su acceso a este espacio de atención social.

Al parecer, los informes que fueron entregados para cobrar los dineros públicos tampoco contenían las evidencias de la existencia del personal social que atendía en el centro día a los adultos mayores, faltando así a uno de los objetivos, el cual era la idoneidad administrativa, técnica y física.

Para la Fiscalía es claro que en las actas de terminación de contrato de la secretaría de Gobierno no existían los certificados que demostraran el tipo de alimentación, la cantidad de alimentos, la cantidad de personas atendidas y las direcciones de los lugares donde los adultos mayores eran recibidos para cumplir con los requisitos del acceso a los recursos públicos de la estampilla probienestar de esta población.

Los funcionarios de esa administración municipal, expresó la Fiscalía, los aprobaron sin realizar algún seguimiento, investigación, o control a los mismos, faltando a su compromiso de ser vigilantes o interventores del erario.

Supuestamente, el contratista entregaba solo listados donde trataba de justificar la atención sicosocial a los 250 adultos mayores de escasos recursos del municipio.

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La contratación fue de manera directa porque existe la posibilidad legal de que el Estado pueda dar dineros públicos a las entidades sin ánimo de lucro como, al parecer sería el centro de asociación Miguel Pinedos Barros, pero, cuando la Contraloría Departamental quiso investigar las supuestas irregularidades, dijo la representante penal, el contratista argumentó que esta era una institución privada y por esto no respondería a las peticiones de esta autoridad. 

La Fiscalía argumentó que esta entidad sí debía entregar los soportes porque la ley expresa que el Estado no puede financiar o apoyar económicamente a las empresas privadas y mucho menos contratar de manera directa con ellas, si no es por licitación o libre disputa y es por esto que sí debía responder de manera positiva a las peticiones de la autoridad fiscal. 

La funcionaria también dio a conocer otro presunto delito, relacionado es una subcontratación del centro de asociación Miguel Pinedos Barros con la fundación Arcángeles de la Protección para atender a los adultos mayores, pero nunca —presuntamente— hubo una justificación de los egresos e ingresos a esta entidad que, al parecer, no tenía nada que ver con la atención a los adultos mayores.

Además, Guillermo Guzmán Bernal, contratista y representante legal del centro de asociación Miguel Pinedos habría hecho parecer como dueño de la fundación Arcángeles de la Protección a su hermano Jorge Enrique Guzmán Bernal, con el fin de, al parecer, desviar la atención de las autoridades y que el pago de $117 millones se hiciera efectivo, esto, porque su familiar no era el representante legal de esta organización no gubernamental o privada sino el celador y quien, realmente era el representante legal, era él, Guillermo Guzmán Bernal.

Otra supuesta irregularidad fue dada a conocer por la Fiscalía y fue que Fáber Gemay López Narváez, quien fuera secretario de Gobierno para la época de los hechos, no hizo observación de las irregularidades en sus informes, porque era el coordinador del centro de asociación Miguel Pinedos y no se declaró impedido para seguir fungiendo como funcionario y como empleado de esta entidad.

La exalcaldesa habría dado el aval con su firma para el pago de estos dineros y para la Fiscalía es un directo acto de apropiación de recursos públicos.

La audiencia de imputación continuará hoy.