En un operativo de control y vigilancia realizado en el casco urbano del municipio de Circasia la Policía Nacional en el Quindío reportó la captura de un ciudadano, de 38 años de edad, quien era requerido por las autoridades judiciales para responder por dos delitos de alta gravedad.
La detención se llevó a cabo bajo los lineamientos de la estrategia institucional denominada ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, la cual busca fortalecer la convivencia y el orden público en la región.
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Los hechos se registraron en el sector conocido como el barrio La Esmeralda donde los miembros de la fuerza pública se encontraban realizando labores de patrullaje preventivo cuando interceptaron al sujeto.
Siguiendo los protocolos de seguridad, los uniformados procedieron a realizar un registro personal y la posterior solicitud de antecedentes a través de la base de datos de la institución.
Al verificar la identificación del ciudadano en el sistema, los agentes confirmaron que el hombre tenía dos órdenes de captura vigentes, lo que motivó su inmediata detención para evitar cualquier intento de fuga.
La situación jurídica del capturado es compleja, ya que sus requerimientos provienen de diferentes jurisdicciones y por delitos de distinta naturaleza.
El sujeto es solicitado por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Palma, Cundinamarca, por el delito de actos sexuales abusivos con un menor de catorce años y adicionalmente, cuenta con una orden emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal Primero de Circasia, vinculada a afectaciones contra la propiedad privada.
Tras la confirmación de las órdenes judiciales, los uniformados procedieron a leerle los derechos que le asisten como persona capturada y así el individuo fue trasladado y dejado a disposición de la autoridad judicial solicitante, encargada de definir su situación intramural y el avance de los procesos en su contra.
Los uniformados indicaron que con este resultado la Policía Nacional reafirma su presencia en los barrios del municipio, enfocando sus esfuerzos en retirar de las calles a personas que representan un riesgo para la integridad de los menores de edad y la seguridad de los bienes ciudadanos.
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