Corte constitucional ordenó entregar un subsidio monetario a una mujer víctima de violencia de género.
La Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía de un municipio del país (no especificado) entregar de inmediato un subsidio monetario a una mujer víctima de violencia de género, que había sido concedido por la Comisaría de Familia. La decisión surgió tras constatar que varias entidades desconocieron las medidas de protección dictadas para salvaguardar su vida y dignidad.
Helena, madre de una niña, sufrió agresiones por parte de su expareja. Aunque en un primer momento negó los hechos por miedo a represalias, al día siguiente acudió a las autoridades. La Comisaría de Familia declaró que estaba en alto riesgo y le asignó un subsidio para cubrir gastos de vivienda, salud y alimentación. Sin embargo, la alcaldía se negó a entregarlo.
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La Corte cuestionó la inacción de la alcaldía, la gobernación y otros entes encargados de hacer seguimiento a las medidas. También advirtió que las mujeres no deben recorrer distintas oficinas para recibir protección. En su fallo, la Corte subrayó que estos trámites terminan por revictimizarlas.
El alto tribunal recordó que la violencia intrafamiliar afecta de forma desproporcionada a las mujeres. En 2022, el 86,7 % de las víctimas de este delito fueron mujeres, según Medicina Legal. Además, insistió en que las autoridades deben actuar con enfoque de género e interseccional, eliminando obstáculos administrativos y aplicando las medidas de protección sin dilaciones.
La Corte también exigió revisar el régimen de visitas del agresor, que la Comisaría restableció sin valorar adecuadamente los antecedentes de violencia. Ordenó modificar esa decisión y evaluar nuevas medidas para garantizar la seguridad de la madre y su hija.
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