Diálogos o sometimiento: los detalles de la nueva ley de Paz Total, gran apuesta de Petro

Acompañado de la vicepresidenta de la República, del ministro del Interior, del alto consejero para la Paz y la consejera de Juventud, Gustavo Petro Urrego firmó su primera ley como presidente de la República: la de paz total. La norma incluye al crimen organizado en la política nacional de paz, faculta al mandatario nacional para conversar con disidencias de las Farc, define un marco de negociaciones con la guerrilla del ELN y crea un servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio.

Diego Fernando López Guzmán, decano de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Alexander von Humboldt, señaló que esta es una evolución de la ley de orden público.

“La ley de paz total es un esfuerzo del gobierno nacional en procura de prorrogar y modificar algunos aspectos de la ley 418 de 1997, conocida como ley del orden público y, en este caso, hay una modificación interesante con la creación de 2 escenarios: uno es el diálogo político con actores armados ilegales y el segundo es con actores armados ilegales, empresas del crimen, que no tienen características políticas”, expresó el abogado.

López Guzmán agregó: “El primer caso es buscar la consolidación de un proceso de paz con unos condicionantes que están directamente ligados a la intervención en unos territorios y a la adopción de políticas públicas que garanticen bienestar de carácter social a las comunidades afectadas con el conflicto armado interno y en el segundo caso es el acogimiento que sería un sometimiento a las estructuras locales”.

“Quedaron excluidos el indulto a los integrantes de la primera línea o posibles actores delincuenciales en la protesta social y esto porque los delitos no tienen el carácter de delitos políticos, el servicio social para la paz que buscaba ser un plan ‘B’ para cumplir con el servicio militar ante la posible afectación del músculo presencial de militares o policías, y por fuera quedó una especie de cobro de valorización en los territorios para contribuir a la paz y se desestimó por considerarse que podría ser un nuevo impuesto”, finalizó López Guzmán.

Los objetivos ahora serán desarticular y no impactar a los grupos delincuenciales, para que no exista un reemplazo en sus cabecillas y el conjunto delincuencial continúe sino que se consiga la terminación total de estas estructuras criminales.

A juicio de expertos, la nueva norma jurídica obligaría a la Fiscalía, con su Policía Judicial del CTI, la Sijín de la Policía y el Ejército, a recolectar mayores pruebas y plantear acuerdos de aceptación de cargos que no solo generen una sentencia anticipada sino que haya mayor colaboración con la justicia para desarrollar una cadena de persecución final y no como en la actualidad que muchos de los procesos judiciales terminan en la pena privativa de la libertad para el capturado sin que ello implique, necesariamente, el descubrimiento de los cabecillas.

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La ley

El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, aclaró que la propuesta del Gobierno Nacional de una paz total no significa inactividad de las Fuerzas Militares y de Policía o se les haya ordenado bajar la guardia. 

Velásquez Gómez explicó que la política de defensa para la vida y para la paz tiene varios componentes: el desmantelamiento de estructuras criminales, la lucha contra el narcotráfico, la protección del medioambiente, el respeto absoluto por los Derechos Humanos, la transparencia, la equidad de género. Todo lo anterior sobre la base de construir una nueva relación de las fuerzas con las comunidades a partir del diálogo.

Según el ministro, uno de los ejes fundamentales es lograr el desmantelamiento de las bandas multicrimen, y para ello se requiere fortalecer la inteligencia militar y policial. “A partir de la inteligencia, en su vínculo estrecho con la investigación, se puede identificar no solo las estructuras sino a las economías ilícitas que son, además, la razón de ser de esas estructuras”.

En cuanto a los esfuerzos por combatir el narcotráfico, el jefe de la cartera de Defensa recalcó que, como lo ha dicho el propio presidente Gustavo Petro, la política del Gobierno no es la de perseguir al eslabón más débil de la cadena que son los cultivadores, sino a los dueños del negocio, a los productores y distribuidores.

“Afectar la producción y la distribución es una tarea fundamental en esta nueva perspectiva de seguridad, que además debe ir acompañada, para el tema de cultivos ilícitos, de procesos de sustitución productiva que implique para los cultivadores una posibilidad real”, enfatizó el ministro.

Velásquez Gómez explicó cómo en el Putumayo, gracias a un proyecto de sustitución productiva, los campesinos pasaron del cultivo de la coca a la producción de cacao y toda la producción es recogida y transportada por la Fuerza Aérea, para luego ser llevada a una planta de procesamiento.

Esta situación no es la misma en muchas regiones del territorio en donde la falta de vías de acceso impide la movilización de las cosechas lícitas, situación que podría ser resuelta por el batallón de ingenieros del Ejército Nacional. 

“Es muy importante vincular a las fuerzas en los procesos de desarrollo en los territorios para la construcción de vías, distritos de riego, escuelas, puestos de salud, entre otros”, aseveró el alto funcionario.

Explicó el ministro que se trabajará por construir una nueva forma de relacionamiento entre la fuerza pública y las comunidades, a partir de que el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea o la Policía aporten al desarrollo de las regiones, al progreso de sus habitantes creando mejores condiciones humanas.

Para Velásquez Gómez todo esto implica un diálogo con las comunidades, por lo que ya se están adelantando los Consejos de Seguridad Integral, que cuentan con la participación de la comunidad, para no abarcar únicamente el concepto de orden público, sino también las posibilidades de promoción y desarrollo en ese concepto de la seguridad humana.

“Tenemos que tener un diálogo permanente entre fuerza pública y comunidades, especialmente con las organizaciones sociales, líderes y lideresas, y en ese diálogo se puede construir desde la realidad de cada territorio y no desde la realidad de Bogotá”, reafirmó el ministro.

Otras de las líneas de la política de seguridad es la protección al medio ambiente. Por lo que las fuerzas desarrollarán actividades de prevención e igualmente procesos de reforestación.

El ministro destacó, entre otros componentes de la política, el absoluto respeto de los derechos humanos por lo que dijo que este compromiso fundamental permite fortalecer la legitimidad de las fuerzas y que también significa que toda violación tiene que generar consecuencias.