La Fiscalía General de La Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, mediante diligencias realizadas ocupó bienes que pertenecerían a personas investigadas por, al parecer, participar o patrocinar actividades ilícitas para apropiarse de los recursos del Estado. Serían bienes avaluados en más de 7.000 millones de pesos que, servirían … Continuar leyendo
La Fiscalía General de La Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, mediante diligencias realizadas ocupó bienes que pertenecerían a personas investigadas por, al parecer, participar o patrocinar actividades ilícitas para apropiarse de los recursos del Estado.
Serían bienes avaluados en más de 7.000 millones de pesos que, servirían de prueba para apuntar a que fueron adquiridos mediante maniobras engañosas con el Estado.
Los investigadores del CTI llevaron a cabo este procedimiento en ocho departamentos del País, los bienes afectados fueron 16 inmuebles rurales y urbanos ubicados en Bogotá, Popayán (Cauca), Cali (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío), avaluados en 2.580 millones de pesos y presuntamente pertenecería al patrimonio de Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, exgerente de Asmet Salud. El hombre habría robado recursos de la salud para realizar inversiones dentro y fuera de Colombia, durante los años 2008 y 2012.
También fueron afectados 9 inmuebles urbanos y 9 vehículos que superarían en valor los 2.200 millones de pesos. Los bienes fueron localizados en Cartagena (Bolívar), estarían a nombre del exjuez de Cartagena Fabio Cabarcar Pardo, y a nombre de Sergio Cabarcas Pardo, señalados de articularse con abogados para obtener el presunto reconocimiento de pensiones millonarias que llevó a la liquidación del entonces Instituto de Seguro Social (ISS).
Otros 6 inmuebles urbanos y 1 rural fueron ubicados en Bogotá avaluados en cerca de 1.000 millones de pesos. Los predios fueron adquiridos con el dinero que debió destinarse a la atención de la población indígena de Cumaribo (Vichada), fondos que fueron, al parecer, desviados entre 2014 y 2015.
Además, fueron afectados 5 predios urbanos localizados en Pereira (Risaralda) y Caicedonia (Valle del Cauca). Bienes que superarían el valor de 1.000 millones de pesos, estarían a nombre del abogado Fabio Alberto Montoya Calderón, quien fue condenado anteriormente por el delito de falsedad de documento público o privado con el fin de mostrarlo como solicitud de invalidez ante Colpensiones.
Un inmueble cuyo costo alcanza los 300 millones de pesos, estaría a nombre del exalcalde de Valledupar, César Augusto González Armenta, señalado de, presuntamente, estar detrás de las irregularidades detectadas en contratos de prestación de servicios para fortalecer la orientación vocacional profesional de estudiantes de grado 11.
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