Exgerente de Proyecta Quindío, vinculado en escándalo de corrupción, buscaba proyección política

El pasado martes se llevó a cabo la formalización de la colaboración con la justicia de Pablo César Herrera Correa, exgerente de la empresa para el Desarrollo Territorial, Proyecta Quindío, ante la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

Allí no solo confirmó lo que había dado a conocer en primera instancia ante el ente acusador, sino que también aseguró que no se apropió de un solo peso del erario, pero que sus intenciones dentro del entramado de corrupción liderado por Mario Castaño era el de ser un futuro congresista. 

La alianza con más de 5 congresistas tenía como objetivo la conformación de un grupo político denominado Somos con el cual buscaría ser senador o representante a la cámara. 

Herrera Correa colabora con la justicia bajo la asesoría del abogado PhD Edwin Anmanyer Rojas González que, en este proceso, logró que el exgerente de Proyecta pasara de la cárcel a la casa por cárcel. 

Según el testimonio del exgerente, Pierre Eugenio García Jacquier, subdirector del Departamento de la Prosperidad Social durante el gobierno del presidente Iván Duque, al parecer destinaba recursos para que Proyecta pudiera tener el músculo financiero para ofertar contratos. 

El senador uribista Ciro Ramírez sería la ficha clave, toda vez que, presuntamente, consiguió las reuniones de Herrera Correa con el subdirector del DPS para consolidar la planificación ilegal. 

El congresista, supuestamente, le decía al exgerente de Proyecta cómo elaborar los contratos a ‘la medida’ para que al privado que él designara le fuera adjudicado. 

Pero Herrera Correa solo puso como condiciones de que las obras se entregaran, que el contratista tuviera la capacidad, la idoneidad como se generó en el contrato 501. 

Es de ahí de la aparición de Ánderson González y Raúl Cardozo, según la Corte Suprema de Justicia, era el destino final de los contratos de obras civiles en Quindío, Valle del Cauca y Tolima. 

El objetivo era realizar placas huellas y también la recuperación vial de los cascos urbanos de 9 municipios de los 12 municipios del Quindío de los cuales quedaron por fuera Armenia, Filandia y Montenegro. 

En Quindío, las obras de placa huellas en vías terciarias se llevarían a cabo en Pijao, Génova, Buenavista por cerca de $40.000 millones, pero no se ejecutaron porque el contratista manifestó que no era rentable ya que las adiciones no pagarían las coimas que ya se habían dado por esos contratos y entonces, al parecer, Ciro Ramírez dio la orden que no se realizaran. 

Ayer se realizaron procesos de búsquedas en las oficinas de Proyecta por parte de los investigadores adscritos a la Corte Suprema de Justicia para corroborar esta información. 

Cabe señalar que en los próximos días se llevarán a cabo más audiencias ante la Sala de Instrucción Penal donde varios congresistas ya fueron citados. 

La admisión de cargos

NUEVA CRÓNICA QUINDÍO conoció que Pablo César Herrera Correa, exgerente de la empresa para el Desarrollo Territorial, Proyecta Quindío, admitió su responsabilidad en el carrusel de corrupción denominado ‘Marionetas’ liderado por el excongresista Mario Castaño. 

Pero aceptar la responsabilidad de los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos no solo le trae como beneficio al aparato de la justicia la celeridad para la terminación del proceso, sino también la apertura de más investigaciones y un beneficio para el exfuncionario. 

Se trata de un principio de oportunidad que suspende, por 6 meses, la investigación penal en su contra a cambio de dar a conocer más ramificaciones de la corrupción estatal liderada por el exsenador caldense. 

Dentro de los compromisos adquiridos está la activación del ‘ventilador’ que ya tiene a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, FGN, tras la pista de congresistas y exfuncionarios del Estado que habrían participado en el entramado de corrupción. 
 

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El ventilador  

La Corte Suprema de Justicia abrió 5 procesos de investigación en contra de igual número de congresistas gracias a la información entregada por el exgerente de la empresa para el Desarrollo Territorial, Proyecta Quindío, Pablo César Herrera Correa. 

La investigación fue abierta por la Sala de Instrucción Penal en contra del senador uribista Ciro Ramírez se relaciona con coimas, al parecer, por $1.000 millones, para obtener, presuntamente, contratos civiles de orden público para obras en Quindío, Valle del Cauca y Tolima. 

Los magistrados señalan que gracias a la información entregada por Herrera Correa este congresista, supuestamente, obtuvo 13 contratos que costaron $19.936 millones. 

“En contraprestación por esa adjudicación, Pierre Eugenio García Jacquier, subdirector del Departamento de la Prosperidad Social durante el gobierno del presidente Iván Duque; y Ciro Ramírez Cortés habrían recibido un pago parcial de $1.000.000.000”, manifiesta la Corte Suprema de Justicia. 

Herrera Correa aseguró que en uno de los encuentros con Ramírez y García Jacquier le manifestaron la posibilidad de obtener el 10 % del valor total de las contrataciones. 

Proyecta Quindío debía contratar, al parecer, por medio de licitaciones privadas a los constructores y empresarios que decían, supuestamente, Ramírez Cortés y sus socios para que ejecutaran los contratos que eran financiados con los recursos de inversión para la paz. 

Ánderson González y Raúl Cardozo, según la Corte Suprema de Justicia, era el destino final de los contratos de obras civiles en Quindío y Tolima. 

Otros investigados 

Los políticos Juan Felipe Lemus, del partido de la U; Sami Meregh y Miguel Ángel Barreto del partido Conservador; y Carlos Jiménez Carlos Motoa, de Cambio Radical, serían investigados por las autoridades. 

El proceso del exgerente 

El material de prueba da cuenta de que Pablo César Herrera Correa suscribió 2 contratos interadministrativos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), en agosto y noviembre de 2021, por valor de $22.173 millones y $49.460 millones, respectivamente. 

Los convenios contemplaron la construcción de carreteras y la adecuación de vías terciarias en cerca de 20 municipios de Quindío, Risaralda, Chocó y Caldas. 

En la investigación se estableció que, para ejecutar las obras, esta persona celebró 10 contratos con empresas que habría referenciado el congresista señalado de pertenecer a la red de corrupción. Al parecer, el senador Castaño recibió a cambio entre 10 y 15 % del valor total de cada contrato. 

Respecto a James Peña Correa, exrepresentante legal de la Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cafetero se estableció que, inicialmente, acudió ante 2 ministerios y obtuvo recursos para proyectos turísticos y culturales. Las evidencias indican que, presuntamente, se apropió de $1.228 millones y entregó $300 millones a una supuesta enviada del congresista que habría intercedido para lograr el desembolso de los rubros solicitados. 

Luego, a finales de 2021, este hombre, al parecer, dio $20 millones en efectivo a la misma intermediaria del senador con el propósito de que gestionara dineros para programas turísticos en una población de Caldas. Aquí se pactó 20 % de la suma que le fuera asignada al municipio. 

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Pablo César Herrera los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos; mientras que a James Peña Garzón les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación.