El senador Ariel Ávila radicó el proyecto de ‘Ley SIM Card’, una reforma que busca eliminar el anonimato telefónico, pieza clave en las llamadas extorsivas originadas desde centros penitenciarios.
El senador Ariel Ávila, miembro del Partido Alianza Verde y especialista en temas de seguridad y conflicto armado, presentó ante el Congreso de la República una propuesta legislativa orientada a modificar los procedimientos de adquisición y activación de tarjetas SIM y e-SIM en el país.
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La iniciativa, conocida como “Ley SIM Card”, plantea que toda línea telefónica móvil sea registrada mediante identificación personal y verificación biométrica. El objetivo principal, según Ávila, es contribuir a la lucha contra delitos como la extorsión, que se ha convertido en una preocupación creciente en Colombia.
En entrevista con La Crónica del Quindío Ávila fue enfático en la necesidad de reformas de fondo en seguridad, destacando que esta propuesta es esencial, pues el objetivo principal es combatir uno de los delitos más extendidos y silenciosos del país: la extorsión.
La grieta tecnológica de la delincuencia
Según la Policía Nacional y la Fiscalía, más del 70 % de las llamadas de extorsión en el país se originan desde el interior de las cárceles, ya que los delincuentes aprovechan un vacío legal que permite la fácil adquisición de tarjetas SIM Cards prepago, lo que les facilita operar sin dejar rastro.
El senador explicó a este medio que estas SIM CARD entran y salen de las cárceles y son compradas fácilmente sin ningún control, permitiendo a los extorsionistas contactar a sus víctimas sin dejar mayor rastro.
La falta de trazabilidad de estos números prepago ha sido señalada por expertos en seguridad como una de las mayores debilidades del sistema penal colombiano.
Aunque la Fiscalía registró más de 35.000 denuncias por extorsión en 2023, se estima que la cifra real supera el doble debido al alto nivel de subdenuncia.
¿En qué consiste la Ley SIM Card?
El proyecto de ley establece la obligatoriedad para las empresas de telefonía móvil de registrar la información completa de cada usuario, tanto personas naturales como jurídicas, que adquiera una tarjeta SIM o e-SIM o la tecnología que la reemplace y de esta manera se prohiba la comercialización o activación de líneas telefónicas sin este registro previo.
En la práctica, de ser aprobada la ley, los usuarios deberán presentar su documento de identidad y someterse a un proceso de verificación biométrica como huellas o reconocimiento facial al comprar o activar una SIM, ya sea en puntos de venta físicos o virtuales.
Ávila insiste en que lo que se pretende es que la persona sea también dueña de su número telefónico y no solo del equipo celular, cerrando el vacío legal que permite el anonimato.
Registro nacional y responsabilidades empresariales
La iniciativa también prevé la creación de un registro nacional unificado. Este será administrado de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación y el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC. Estas entidades serán las responsables de garantizar el cumplimiento de la ley e imponer sanciones a las compañías concesionarias y licenciatarias que incumplan la norma al comercializar o activar líneas sin la debida verificación biométrica.
El senador hizo un llamado a los operadores y les pidió que no se atraviesen en este proyecto, ya que la crisis de seguridad que vive el país requiere la concurrencia de actores públicos y privados.
Es importante destacar que el proyecto subraya que la medida no busca vulnerar la privacidad de los usuarios. Los datos biométricos no estarán a disposición de empresas privadas, sino que se manejarán bajo estrictos protocolos judiciales.
“Esto no se trata de vigilancia ni control estatal, se trata de justicia y prevención del delito,” puntualizó Ávila.
Experiencia internacional y próximos pasos
El proyecto de ley se alinea con las prácticas de varias naciones modernas. En la exposición de motivos, Ávila señala que países como Argentina, Australia, Chile, México, Reino Unido, Canadá y Alemania ya implementaron sistemas de registro similares, logrando avances significativos en la reducción de delitos como la extorsión, el secuestro exprés y la estafa telefónica, por lo que Colombia no puede seguir siendo la excepción, afirmó el senador.
El texto completo del proyecto fue radicado ante la Secretaría del Senado y pasará ahora a discusión en el primer debate de la Comisión Primera.
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