Contratista lideraba una presunta red que cobraba por supuestamente tramitar puestos de trabajo en la administración departamental.
A través de un comunicado la Gobernación del Quindío sacó a la luz pública un caso de presunta estafa perpetrada en el interior de la administración departamental y que habría sido liderada por un contratista.
El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya señaló que, como parte de las averiguaciones preliminares realizadas se evidenció la posible participación de un contratista en hechos irregulares, toda vez que varias personas pusieron en conocimiento que les venían exigiendo diferentes sumas de dinero para acceder a puestos en el Centro Administrativo Departamental, CAD, y sus dependencias.
Los casos se habrían dado principalmente en la secretaría de Educación donde ciudadanos incautos cayeron en una presunta estafa de un grupo de inescrupulosos que cobraron por supuestas plazas docentes o empleos en la planta administrativa.
Ante ello, la secretaria de Educación, Tatiana Hernández Mejía, indicó que las víctimas pagaron por empleos de prestación de servicios entre $450.000 y $600.000 pesos, mientras que, si la vacante correspondía a un empleo de planta, el costo oscilaba entre $4 y $10 millones de pesos.
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“Las víctimas fueron abordadas por llamadas, mensajes de texto, WhatsApp o notas de voz, donde les decían que luego de firmar un acta de inicio debían presentarse en la Gobernación para hacer el proceso de posesión en el cargo. Una vez se dieron cuenta que no había novedades frente a sus casos, se acercaron a la Gobernación, en donde se enteraron que era una estafa porque desde la secretaría no se llevan a cabo estas malas prácticas, teniendo en cuenta que para hacer parte del magisterio se deben presentar diversas pruebas en un concurso de méritos o para ingresar a la parte administrativa se realiza un proceso similar con la Comisión Nacional del Servicio Civil”, precisó la funcionaria.
Galvis Bedoya fue claro en el llamado a la denuncia formal por quienes se consideren víctimas en este proceso, ello ante la imposibilidad de que el ente territorial lleve a cabo la investigación judicial, al no hacer parte de sus funciones dentro de la rama administrativa del Estado.
Dijo que la idea es que se acerquen ante la Fiscalía General de la Nación para que así la información suministrada se constituya en parte del material probatorio para las correspondientes diligencias que permitan establecer la responsabilidad a las que haya lugar.
El mandatario de los quindianos reiteró la invitación para que ante cualquier oferta o información de la administración departamental se recurra a las fuentes de información oficiales, para evitar este tipo de traumatismos.
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