Gobierno de Armenia, en contra del proyecto que destinaría 15 % del Fonset para mitigar hacinamiento

Gloria Cecilia García García, secretaria de Gobierno de Armenia, se manifestó en desacuerdo con la propuesta de ley del representante a la Cámara por el Quindío, Diego Javier Osorio Jiménez, que buscaría añadir un parágrafo al artículo 17 de la ley 65 de 1993, el cual generaría la destinación del 15 % del Fondo de Seguridad Territorial, Fonset, de los departamentos y ciudades del país, para mitigar el hacinamiento en las cárceles y centros reclusorios.

“La iniciativa no resuelve la situación, no tiene sentido modificar la ley si el problema sigue siendo el mismo de fondo, la responsabilidad de los mandatarios departamentales y locales en generar cárceles para descongestionar los centros reclusorios del país y crear un sistema a la par del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para solucionar este fenómeno, esto sería regresar al siglo pasado donde las inspecciones de Policía tenían que velar por los capturados”, argumentó la funcionaria.

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Añadió: “Y si es destinar dineros del Fonset a las cárceles, pues eso ya se está haciendo y por eso tuvimos que trasladar del fondo $100.000.000 para que la cárcel Peñas Blancas de Calarcá tuviera un nuevo pabellón, pudiendo invertir estos recursos en otros frentes de seguridad, pero, a pesar de esto, el ministro de Justicia sabe la situación y por eso generó el proyecto de mejoramiento de esos espacios en ese centro penitenciario”.

La secretaria de Gobierno finalizó diciendo que, como solución, la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, entregará un proyecto de ley al gobierno nacional para que sea radicado en el Congreso el cual buscará el fortalecimiento del Inpec para que asuma no solo la custodia de los condenados, sino también de los sindicados.

El proyecto de ley

El representante a la cámara por el Quindío, Diego Javier Osorio Jiménez, recordó que el proyecto de ley busca mitigar el hacinamiento en las cárceles y centros reclusorios del país.

“Este es un asunto de gran utilidad, ya que les permitiría a los alcaldes, gobernadores y a la cartera ministerial del Interior, destinar porcentajes fijos y concretos de los fondos de Seguridad al cumplimiento del mencionado artículo”, aseguró Osorio Jiménez. 

Sobre el particular, agregó: “De ser aprobado el presente proyecto de ley, los alcaldes y gobernadores podrán disponer de manera permanente del equivalente al 15 % del monto que tengan en su Fondo de Seguridad Territorial, Fonset, a solucionar temas de hacinamiento carcelario, además de cumplir sus competencias consagradas en el artículo 17 de la ley 65 de 1993, relacionadas con los gastos administrativos que demandan las personas privadas de la libertad en calidad de sindicadas o contravencionadas. En la actualidad están autorizados para disponer de ese monto, tal como lo dispone la ley del presupuesto general de la nación, ley que vienen aplicando solo por este año los alcaldes y gobernadores, para celebrar convenios con los ministerios de Justicia e Interior, es por ello que se requiere una norma de carácter permanente que contribuya a solucionar su problemática de recursos”. 

Sería esta entonces una solución a los centros de reclusión transitoria como las estaciones de Policía, donde las personas cumplen hasta sus sentencias, así lo aseguró el representante. 

“Su objetivo primordial es que los mandatarios regionales y locales puedan contar con algunos recursos de destinación específica para dar cumplimiento a tales responsabilidades, dadas sus dificultades de financiación a través de recursos propios, directamente o a través de convenios interadministrativos como los que en la actualidad se vienen celebrando al respecto en todo el territorio nacional, con los ministerios de Justicia y del Interior, contribuyendo también a mejorar indicadores de seguridad ciudadana y de orden público, garantizando de paso la dignidad humana a los sindicados del país, quienes no deben permanecer en estaciones de Policía por tiempos prolongados”, Osorio Jiménez.

Una de las soluciones para el hacinamiento serían los transitorios o las permanencias, como es el caso de Calarcá, pero la inquietud que sobra es quién custodiaría a los capturados, toda vez que los efectivos de la Policía, según lo establece la Constitución, no pueden realizar labores de guardianes y el Inpec debe destinar sus dragoneantes a las cárceles.

“Este proyecto de ley no pretende establecer ninguna figura para cumplir con los roles y responsabilidades de la institucionalidad, dicha competencia seguirá dependiendo de la consideración del ejecutivo”, indicó el representante.