Infraestructura de estaciones de Policía no garantiza seguridad, ni dignidad de los detenidos

Barrotes oxidados, paredes con presencia de humedad, muros con poca altura, hacinamientos, poca presencia de agentes custodios y otras falencias locativas y de funcionamiento, es el resultado de un diagnóstico, conocido por LA CRÓNICA, realizado a las estaciones de Policía y de los Centros de Atención Inmediata, CAI, de los 12 municipios del Quindío.

 En lo que va del 2021, 5 detenidos se aprovecharon de estas debilidades para escaparse de las estaciones de Filandia, Quimbaya y La Tebaida. 

“Son 4 casos con 5 fugas los que hemos tenido en la región en el año, una situación que afecta la moral de nuestro personal, porque se abren investigaciones disciplinarias a nuestros policías, por una actividad que no deberían estar haciendo”, manifestó el comandante de la Policía Quindío, el coronel José Luis Ramírez Hinestroza.

El alto mando oficial se refirió a las necesidades urgentes que tienen cada una de las instalaciones policiales del Quindío.

“Para recuperar infraestructuralmente estas salas de reflexión, como las llamamos nosotros, se necesitan por lo menos $120 millones y, también, la adecuación e instalación de cámaras de seguridad en circuito de televisión, la restitución de barrotes que no generan seguridad, mejores sistemas físicos y mayor custodia de personal”.

Constitucionalmente, estos espacios fueron diseñados y construidos para privar de la libertad temporalmente a las personas, mientras se lleva a cabo el proceso de judicialización.

Tras las audiencias de control de garantías, en caso de que el capturado sea afectado con medida de aseguramiento preventiva intramural en establecimiento carcelario por el juez penal municipal, el ciudadano debería ser trasladado a un centro penitenciario.

Pero esta no es la situación que se presenta en el Quindío, porque muchas veces es necesario mantener al detenido en las estaciones o en los CAI, debido al hacinamiento que hay en las cárceles. Una problemática que se repite en todo el país.

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“Estamos esperando que, con el nuevo módulo que van a construir en la cárcel Peñas Blancas, de Calarcá, se puedan llevar cerca de 180 detenidos y así, descongestionar un poco las estaciones, aunque nuestro trabajo continúa y se vienen nuevos operativos con capturas de 30, 35 y hasta 40 personas en la región”, expresó el comandante de la Policía Quindío.

Finalizó asegurando que la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Dijín, coordina a un grupo de inteligencia en la región que tiene como tarea indagaciones policivas para dar con la captura de las 5 personas que se fugaron este año y de otros prófugos.

Respuesta institucional

Jaime Andrés Pérez Cotrino, secretario del Interior seccional, indicó que la gobernación del Quindío realizará un diagnóstico en las instalaciones policiales para poder hacer las reparaciones pertinentes.

“Sabemos de la necesidad de descongestionar las estaciones de Policía del departamento, no solo con el nuevo módulo en la cárcel de Calarcá se podrá generar esta solución, también con otras adecuaciones, que nos van a brindar la posibilidad de trasladar  a 50 personas más y así las condiciones de seguridad se recuperarían”, expresó el funcionario.

Sobre las recuperaciones estructurales, Pérez Cotrino expresó que analizarán con qué recursos cuentan del fondo de seguridad ciudadana para atender los casos más urgentes.

Condenados, responsabilidad del Inpec

  La coronel de la Policía, Clarahibel Hidrobo Morales, directora regional antiguo Caldas del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, aseguró que, según la ley, los condenados son responsabilidad de la institución que dirige, pero los sindicados son de los entes territoriales, como las alcaldías y gobernaciones.

“Cuando hablamos que una persona privada de la libertad, le cuesta mensualmente al Estado $2.400.000, nos referimos al privado de la libertad en los centros carcelarios; en las 3 prisiones que existen en el Quindío, 2 de hombres y una de mujeres”, dijo Hidrobo Morales.

Explicó que en las estaciones de Policía deberían haber solo sindicados, cuya responsabilidad les corresponde a los entes territoriales en temas como salud, alimentación, insumos, bioseguridad, y otros gastos.

 Es decir, para la directora del Inpec, son los gobiernos municipales y departamentales quienes deben responder por la manutención de los detenidos en los Centros de Atención Inmediatas, CAI.

“A la Policía le corresponde velar por la seguridad de la comunidad, ahora está dedicada, de alguna manera, a hacer una tarea que no le corresponde, esta es una obligación de los entes territoriales, quienes deben tener los centros transitorios, que deben ser contratados y definidos por las gobernaciones y alcaldías, por ende, les deben dar a los sindicados todas las garantías, los espacios y demás, pero esto se ha convertido en una misionalidad de los agentes o del Inpec, que, a través de tutelas, deben recibir indiciados, cuando no debería ser así”, puntualizó Hidrobo Morales.

Un problema de dignidad

Las investigaciones en diferentes centros de reclusión transitorios detallan no solo las malas condiciones, sino también, las pocas garantías de cumplir con los Derechos Humanos de los sindicados, toda vez que, se conoce el caso de algunos espacios que, por la  inmensa cantidad de personas tras las rejas y los pocos custodios, los detenidos no pueden salir a la luz del sol ante el riesgo de amotinamientos y fugas.

Filandia

La estación de Policía Filandia cuenta con 2 celdas para las personas o población privada de libertad, ubicadas en el patio. 

Se evidenció que los calabozos tienen rejas desgastadas y oxidadas, las cuales representan el único espacio para ventilación e iluminación natural. 

En el momento de la investigación, en la celda uno, según informaciones, hay una persona con fuertes antecedentes siquiátricos. La segunda celda también tiene poca luz natural y presenta grandes deterioros en sus paredes. Allí estaba recluido Yéiner Castillo Viveros, quien se fugó en marzo y es señalado de tener un gran prontuario delictivo.

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De los 2 calabozos, las condiciones de habitabilidad son inadecuadas, con paredes que presentan humedades y alto deterioro. 

El servicio del agua funciona de forma continua, no presenta interrupciones o restricciones. Sin embargo, el acceso de los capturados está limitado pues solo se les permite salir al baño 2 veces al día, pues no se cuenta con uniformados suficientes para garantizar la seguridad.

Las redes sanitarias de la estación se encuentran en buenas condiciones, no obstante, las celdas utilizadas para los indiciados se encuentran desprovistas de instalaciones que permitan el goce efectivo de este derecho. 

Por la falta de luz natural, que caliente el lugar en el día, la temperatura en la noche es bastante fría. 

Se evidencia que falta iluminación adecuada en la noche, espacios físicos y elementos para dormir. 

También deficiente atención en salud tanto a nivel general como especializado, graves deficiencias en la prestación de servicios públicos.

“Las humedades y falta de espacios adecuados para movilizarse y realizar alguna actividad física, y demás condiciones de reclusión anotadas, constituyen auténticos tratos crueles, inhumanos y degradantes”. 

Montenegro 

La estación de Policía de Montenegro cuenta con una de las celdas justo en la entrada de las instalaciones, en frente del parqueadero de las motos de la Policía Nacional. Solo cuenta con un espacio que brinda la puerta de iluminación y ventilación, sin embargo los custodios les permiten a los detenidos salir al patio de forma diaria incluso varias veces al día. La estructura de los calabozos se encuentra deteriorada y no cuenta con baterías sanitarias ni ducha, son superadas estas falencias con el apoyo de la Policía Nacional, quienes con el debido respeto a su dignidad humana les permiten salir de la celda para satisfacer sus necedades fisiológicas así como caminar y recibir la luz del sol en el patio de la estación.

Juan Esteban Gutiérrez pagó una condena de 18 meses en estas instalaciones, por el delito de hurto calificado y agravado.

La Tebaida

La estación de Policía La Tebaida cuenta con 2 celdas, con una capacidad máxima de 4 personas cada una. Están destinadas, como lo dice la ley para detención transitoria, pues estas no tienen ventilación ni iluminación adecuada, y solo una de ellas, la celda 2, cuenta con baño para las necesidades básicas de los indiciados.

El calabozo número 1 está en pésimas condiciones, iluminada únicamente por la luz que la reja principal permite ingresar. Sin espacios para ventilación. En su interior hay un baño deteriorado, pero en funcionamiento.

En el calabozo 2, los privados de la libertad no cuentan con baño para sus necesidades básicas. Por ello se ven obligados a utilizar botellas para orinar, situación que vulnera sus derechos fundamentales.

La falta de iluminación adecuada, espacios físicos y elementos para dormir, la deficiente atención en salud tanto a nivel general como especializado, las graves deficiencias en la prestación de servicios públicos, el alto índice de hacinamiento y demás condiciones de reclusión descritas en el informe “constituyen auténticos tratos crueles, inhumanos y degradantes que desconocen el actual Estado Social y Democrático de Derecho”.

CAI Santander de Armenia

El Centro de Atención Inmediata, CAI, Santander de Armenia, cuenta con 3 celdas, con una capacidad máxima para 30 personas en condiciones respetuosas de la dignidad humana, pero en detención transitoria, máximo 36 horas. 

Calabozo 1: Los privados de la libertad están hacinados durmiendo unos encima de otros, sin espacios para moverse con libertad y durmiendo en colchonetas en el suelo. No todos cuentan con colchonetas las cuales son suministradas por los familiares. 

Calabozo 2: Celda en pésimas condiciones de hacinamiento, acostados unos en hamacas, otros en el suelo y otros en colchonetas. Están sometidos a una fuerte temperatura. 

Calabozo 3: Condiciones fuertes de hacinamiento. Iluminación y ventilación escasa y su único ingreso es por la puerta. Los sindicados se vieron forzados a armar hamacas para lograr algún tipo de descanso y están sometidos a una fuerte temperatura.

La estructura de las celdas se encuentran en pésimas condiciones, deterioradas y en algunos espacios con humedades. En el interior de estas se encuentra una baño, lavamanos y ducha en funcionamiento, pero insuficiente para las necesidades de la población. 

Como conclusiones de la investigación, la falta de iluminación adecuada, espacios físicos y elementos para dormir, la deficiente atención en salud tanto a nivel general como especializado, las graves deficiencias en la prestación de servicios públicos, el alto índice de hacinamiento, la falta de espacios para movilizarse y realizar alguna actividad física, y demás condiciones de reclusión anotadas, constituyen auténticos tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

“Es imperiosa la intervención de las autoridades territoriales para que dispongan de forma inmediata de un recinto en condiciones respetuosas de sus derechos humanos, pues las actuales, desde otra perspectiva pueden constituir actos propios de tortura derivando posibles responsabilidades penales por acción o en comisión por omisión dada la existente posición de garante frente a su vida e integridad personal”, dice el informe conocido en exclusiva por este medio.