El próximo 21 de mayo se llevará a cabo una nueva evaluación de la situación para establecer si se cumplió con los compromisos adquiridos y para determinar si realmente se mejoraron las condiciones de los reclusos.
Pese a la solicitud de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para el cierre temporal de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, este no se dará y en respuesta a ello las autoridades carcelarias y entidades correspondientes han anunciado unas intervenciones y planes de mejora inmediatos en la penitenciaría.
La situación expuesta por los organismos de control fue abordada de inmediato mediante un comité de seguimiento carcelario y penitenciario, liderado por las secretarías de Interior y de Salud del departamento en el que se descartó esta medida y se anunciaron prontas soluciones.
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Alertas sobre la salud carcelaria
La Defensoría del Pueblo Regional Quindío y la Procuraduría Regional han señalado serias deficiencias en el establecimiento carcelario, que alberga actualmente a 1.194 internos, a pesar de tener una capacidad máxima de 950. Esta sobrepoblación ha generado un ambiente propicio para el surgimiento de crisis sanitarias, como brotes de varicela y una alarmante falta de médicos y medicamentos.
El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez Cotrino, enfatizó en la reciente reunión del comité penitenciario que “no hay lugar donde trasladar a los internos” si se decide cerrar la cárcel. En cambio, se establecieron compromisos para que las autoridades competentes se pongan al día con las atenciones necesarias para mejorar la salud de los reclusos.
“Evaluaremos nuevamente la situación a corte del 21 de mayo”, añadió Pérez Cotrino, destacando la importancia de tomar decisiones informadas para garantizar el bienestar de la población carcelaria.
Compromisos con la salud
El secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez Chacón, también participó en el comité y resaltó que uno de los requerimientos más urgentes es mejorar la atención médica en el penal. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, se comprometió a enviar información sobre 325 internos que padecen enfermedades crónicas y requieren atención prioritaria.
Gómez Chacón también señaló que ya se han solucionado algunas dificultades en el pabellón número cinco y que están a la espera de una auditoría para evaluar si se debe restringir el acceso a más internos hasta que mejoren las condiciones sanitarias.
Avances y retos en Peñas Blancas
El coronel Juan Carlos Navia, director regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, informó que se han realizado esfuerzos significativos para abordar las dificultades en Peñas Blancas. “El hacinamiento ha disminuido en comparación con el año anterior y se encuentra dentro del rango normal a nivel nacional”, afirmó. Sin embargo, reconoció que aún queda mucho por hacer.
El plan de acción actual se centra principalmente en mejorar las condiciones sanitarias mediante brigadas médicas que ayudarán a regularizar las citas pendientes para los internos. A pesar de estos esfuerzos, persisten problemas estructurales que complican aún más la situación.
Condiciones inadecuadas
Los informes indican que el pabellón 5A alberga a una gran cantidad de adultos mayores y personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, quienes enfrentan condiciones inhumanas.
“No cuentan con agua potable y deben extraer agua de un pozo antiguo”, se señala en el documento emitido por la Defensoría y la Procuraduría. Esta situación ha llevado a presentar tutelas ante los juzgados correspondientes para exigir condiciones dignas para los reclusos.
El director de Peñas Blancas, mayor retirado Gonzalo Patiño, admitió las deficiencias existentes, pero aseguró que desde hace 15 días cuentan con un médico permanente en el establecimiento. “Estamos trabajando arduamente para superar esta crisis”, comentó.
Recomendaciones y futuro
La Defensoría ha solicitado al Inpec implementar un cierre parcial del establecimiento hasta que se satisfagan los requisitos mínimos en atención médica. En su documento enviado a las autoridades regionales, advierten sobre la gravedad del hacinamiento y sus consecuencias directas en la salud física y mental de los internos.
“Es imperativo no recibir más privados de libertad hasta tanto no se resuelvan los problemas existentes”, concluye el comunicado oficial. La situación actual refleja no sólo un desafío logístico sino también un llamado urgente a las autoridades competentes para actuar antes de que sea demasiado tarde.
Destacado
- 25% de hacinamiento tiene Peñas Blancas.
- 1.194 personas se encuentran recluidas en la cárcel de Calarcá.
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