¿Por qué imputaron otra vez por corrupción a Luz Piedad Valencia? Los detalles de la investigación

A una nueva audiencia de formulación de imputación por corrupción fue llevada este jueves la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de una investigación por 36 contratos ‘traje a la medida’ que involucran $5.000 millones del antiguo Coldeportes, hoy ministerio del Deporte. 

Los recursos fueron desembolsados a la administración municipal de la capital quindiana durante la administración de Valencia Franco, 2012 – 2015, para la construcción de diferentes escenarios deportivos donde se llevarían a cabo los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe. 

Según el ente perseguidor penal, Valencia Franco le ordenó a Sandra Patricia Sánchez Cañas, entonces secretaria de Infraestructura de la ciudad, la construcción y consolidación de los convenios que pudieran ser adjudicados a la Empresa de Desarrollo Urbano, Edua, con el objetivo de que esta entidad subcontratara a un contratista privado al que le llegarían los recursos. 

Algunas construcciones no cumplieron los requisitos señalados, pero, al parecer, el funcionario de Coldeportes, Fredy Alexánder Medina Balbin, no cumplió su papel de control y vigilancia en varios contratos.
 

Los hechos

Armenia, con recursos provenientes del departamento administrativo del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, Coldeportes, en el marco de los Convenios de Asociación 420, 421 y 446 del 2013, suscribió los contratos interadministrativos N° 13 de 2013 por valor de $563.897.098; N°014 de 2013 por valor de $2.331.532.397; y N°015 de 2013 por valor de $1.997.175.758, todos ellos con la Empresa de Desarrollo Urbano, Edua, desconociendo, al parecer, los principios de transparencia, economía responsabilidad y deber de selección objetiva, ya que optaron por la contratación directa con esta entidad, con el supuesto único fin de evadir los procesos licitatorios a que estaba obligado el municipio. 

Lo anterior fue manifestado en la audiencia de formulación de imputación llevada a cabo este jueves 23 de marzo por parte de la fiscal 20 contra los delitos de administración pública ante el juzgado tercero penal municipal, con funciones de control de garantías de Armenia. 

El ente perseguidor penal señaló que la Edua fue contratada directamente, atendiendo a su experiencia e idoneidad para el desarrollo de los objetos propios de cada convenio de asociación.  

Según las hoy imputadas, dentro de los beneficios que traía contratar con dicha empresa industrial y comercial del Estado, estaban costos menores por concepto de Administración, Imprevistos y Utilidad, AIU, agilidad en los procesos de selección, entre otros. 

No obstante, la Fiscalía aseguró que lo anterior se quedó en el papel, ya que en menos de 10 días de haberse suscrito los convenios 13-14 y 15 de 2013 entre la administración municipal de Armenia y la Edua, esta subcontrató la totalidad de los convenios, realizando una “feria contractual”, en la cual se suscribieron con terceros los 33 procesos distintos. 

3 contratos interadministrativos 13-14 y 15 de 2013, 7 contratos de obra (N°02-03-04-05-06-07 y 08 de 2013), 3 contratos de suministro (02-04 y 07 de 2013), 2 contratos de interventoría (N° 17 y 24 de 2013), 6 contratos de consultoría (N°14-15-16-18-19 y 21 de 2013) y 12 contratos de prestación de servicios (N°25-26-27-28- 29-31-32-33-34-35-36-37). 

Todos ellos, según el ente perseguidor penal, con inobservancia del requisito esencial de la selección objetiva del contratista y vulneración de los principios establecidos en el artículo 209 constitucional sobre el principio de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

La Fiscalía 20 seccional imputó los delitos referidos, tomando como base y atendiendo a que con conocimiento pleno de que las conductas desplegadas eran ilícitas, y, presuntamente las funcionarias contrataron directamente a un grupo de personas seleccionadas no acorde con la normatividad, sino por posibles intereses personales. 

Expuso, además, el ente acusador, que los hechos alcanzaron el nivel central cuando, al parecer, el supervisor, Medina Balbin, presuntamente no ejerció ninguna clase de control u observación frente a las presuntas irregularidades con incidencia penal presentadas en el marco de los convenios donde fue designado. 

De acuerdo con la exposición del fiscal, todo lo anterior habría ocasionado no solo costos más elevados para el municipio, sino que supuestamente, la exalcaldesa habría beneficiado a un grupo de amigos —según la Fiscalía—, impidiendo que personas naturales y jurídicas con experiencia pudieran hacer parte de dichos procesos. 

Pero, además, la Fiscalía reveló que en este entramado aparece operando de manera directa en el contrato de obra 08 de 2013, al parecer, Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la primera mandataria (para la época de los hechos), situación que, presuntamente, conocían no solo Valencia Franco, sino también la secretaria de Infraestructura con quien este, supuestamente, se reunía para revisar el esquema contractual en el despacho. 

Cabe señalar que este jueves no fue imputado Sebastián Congote Posada, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, Edua, para la época de los hechos, porque su abogado no hizo presencia, pero quedó a la espera de la actuación penal y deberá haber una ruptura procesal.  

También falta la formulación de imputación Francisco Javier Valencia Salazar, exesposo de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia Franco y una persona más. 

Ninguno de los procesados aceptó cargos y no hubo medidas de aseguramiento.
 

La imputación 

A la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, se le imputaron delitos contra la administración pública: contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo en 33 eventualidades, uno de base y 32 concursos, relacionados con 3 contratos interadministrativos (13-14 y 15 de 2013), 7 contratos de obra (N° 02-03-04-05-06-07 y 08 de 2013), 3 contratos de suministro (02-04 y 07 de 2013), 2 contratos de interventoría ( N° 17 y 24 de 2013), 6 contratos de consultoría (N° 14-15-16-18-19 y 21 de 2013) y 12 contratos de prestación de servicios (N°25-26-27-28-29-31-32-33-34-35-36-37). 

Lo anterior en concurso heterogéneo con interés indebido en la celebración de contratos por el contrato de obra 08 del 17 de octubre del 2017. 

A Sandra Patricia Sánchez Cañas, exsecretaria de Infraestructura de la ciudad y designada por Valencia Franco, también le fueron imputados delitos contra la administración pública: Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo con 33 eventualidades, uno de base y 32 concursos relacionados con los 3 contratos Interadministrativos 13-14 y 15 de 2013, 7 contratos de obra (N° 02-03-04-05-06-07 y 08 de 2013), 3 contratos de suministro (02-04 y 07 de 2013), 2 contratos de interventoría (N° 17 y 24 de 2013), 6 contratos de consultoría (N° 14-15-16-18-19 y 21 de 2013) y 12 contratos de prestación de servicios (N°25- 26-27-28-29-31-32-33-34-35-36-37). En concurso heterogéneo con el delito de interés indebido en la celebración de contratos. 

A Fredy Alexánder Medina Balbin —supervisor Coldeportes— le imputaron el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo con la celebración de 3 contratos interadministrativos, 013-014 y 015 de 2013 en calidad de autor.