Presidente Duque sancionó la ley de delitos ambientales

El presidente Iván Duque Márquez, desde el departamento del Amazonas, sancionó ayer una nueva ley que crea 6 delitos ambientales y fortalece 5 del código penal colombiano para la judicialización de criminales contra la naturaleza nacional.

“La protección de nuestros ecosistemas es un deber moral y hoy quiero hacer un reconocimiento al ministro Carlos Correa, un hombre comprometido con esta causa. Siempre recordaré este día como el día en el que fuimos capaces de mostrarle al mundo cómo Colombia toma acciones para proteger su biodiversidad. Esto es histórico, este es un triunfo colectivo, un triunfo de Colombia”, así lo aseguró el presidente de la República durante la sanción de la Ley de Delitos Ambientales en Leticia.

Se crean nuevos delitos al medio ambiente como la deforestación, su promoción y financiación, que será sancionada hasta con 15 años de prisión; el tráfico de fauna, la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica y la financiación y apropiación ilegal de baldíos de la nación.

Como requisito objetivo en el código de procedimiento penal y ante la inferencia razonable que la Fiscalía demuestre ante un juez con funciones de control de garantías, la persona que sea imputada por estos delitos podrá ser afectada con medida de aseguramiento en cárcel y no dejada en libertad por ser una acción al margen de la ley no excarcelable.

“Trabajamos de manera articulada con el Congreso, las autoridades ambientales, el sector privado y las comunidades por la protección de nuestros recursos naturales. En ese sentido, la ley de Delitos Ambientales, además de ser una de las legislaciones más completas que existen, es un paso muy grande para fortalecer nuestra estrategia de lucha contra la deforestación”, afirmó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa.

Los daños en los recursos naturales y el ecocidio, la caza y pesca ilegal, el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y la contaminación ambiental hacen parte de los delitos ya existentes en el código penal colombiano que serán fortalecidos, en materia de sanciones.

“La Fiscalía tendrá las herramientas necesarias para judicializar a los responsables de degradar la biodiversidad del país, y quien cometa estas actividades ilegales no podrá constituir personerías jurídicas ni abrir locales de servicio público”, puntualizó el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Francisco Cruz.

Finalmente, los altos funcionarios destacaron el trabajo que se viene realizando desde la cartera ambiental en pro de la restauración, conservación y protección de los bosques. 

“Estamos evidenciando resultados positivos. En comparación con el año 2020, para el primer trimestre de 2021, la deforestación disminuyó en un 30 % en Meta, Guaviare y Caquetá, departamentos que, históricamente, han sido afectados por esta problemática”, agregó Correa.

Reacciones en Quindío

Néstor Jaime Ocampo Giraldo, ambientalista e integrante de la fundación Cosmos, de Calarcá, dio su opinión sobre la nueva legislatura.

“Con seguridad la mayoría estaremos de acuerdo con que se tomen medidas para detener el desastre ambiental que vivimos por cuenta de la deforestación, la destrucción de la diversidad biológica, la invasión de áreas protegidas, y la apropiación de baldíos de la nación, fenómenos crecientes en el país. Crear nuevos delitos ambientales y endurecer penas para algunos ya existentes también podría saludarse como algo positivo”, dijo Ocampo.

Y agregó: “Pero tales medidas hay que ubicarlas en el contexto de nuestra realidad social y política y la triste realidad es que Colombia no es un Estado que pueda garantizar que el reconocimiento de nuevos delitos o el endurecimiento de penas puedan detener esos problemas. No hay autoridad ambiental efectiva, por el contrario constatamos a diario su inoperancia, basta ver lo que sucede con la minería, la invasión de cultivos de aguacate hass, la urbanización desordenada, la deforestación, la mortandad masiva de abejas y de insectos en general y la contaminación de las aguas para solo mencionar algunos de los ejemplos más visibles”.

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También se refirió a una supuesta mano suave con respecto a la minería del país y contra el fracking.

“Habría que señalar que el actual gobierno, parece más interesado en debilitar la institucionalidad y la normativa ambiental que en fortalecerla, todo para favorecer un modelo económico extractivista que nos conduce al desastre ambiental. Favorece el fracking, es prácticamente indolente ante la deforestación y la destrucción del Amazonas, favorece proyectos de gran minería a cielo abierto, la construcción de pequeñas y grandes centrales hidroeléctricas sin considerar sus impactos ambientales, es laxo en el control de las licencias ambientales, está entregando los Parque Naturales Nacionales a la voracidad de empresarios privados, etc”.

Dijo que además existe el peligro de que esas nuevas normas sean utilizadas para endurecer la persecución a sectores campesinos, comunidades negras y comunidades indígenas que no encuentran otra alternativa para sobrevivir que la explotación de algunos recursos, y ellos también tienen derecho a vivir. 

“Nada nos garantiza que unas pocas normas nuevas, sin relación efectiva con políticas serias para la protección de la naturaleza y la creación de un mejor ambiente, sirvan para superar lo que hoy impera en el país y es que ‘la ley es solo para los de ruana’. En síntesis, creo que debería centrarse el esfuerzo, si es que acaso hay buena voluntad para enfrentar los problemas ambientales que nos agobian”, finalizó Ocampo Giraldo.

¡Por la protección de los bosques!

En un trabajo conjunto entre el Sistema Nacional Ambiental, el sector privado, entidades internacionales y la comunidad, el gobierno nacional adelanta la estrategia de Lucha Contra la Deforestación que busca proteger los ecosistemas colombianos bajo 6 ejes estratégicos.

Dentro de la gestión de la ley, los altos funcionarios dieron a conocer esta misionalidad.

Legislación: Además de la ley de delitos Ambientales, Colombia cuenta con el Conpes de Deforestación y el decreto 690 que regula el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables.

Control de la ilegalidad: Se están implementando controles móviles, control de nuevas vías y, gracias a 10 operaciones ejecutadas en el marco de la campaña Artemisa, de la mano de la fuerza pública se ha logrado el control de más de 14.500 hectáreas de bosque.

Inversión social como los pagos por servicios ambientales, con los que ya se están protegiendo más de 115.000 hectáreas de ecosistemas naturales; los contratos de conservación natural; los 2.581 negocios verdes y el fortalecimiento de la educación ambiental a través de la Escuela Nacional de Formación Ambiental.

Lucha contra el cambio climático: La meta es disminuir en un 51 % los gases de efecto invernadero para el 2.030. Hoy, 100 empresas distribuidas en todo el país firmaron oficialmente su adhesión al Programa Colombia Carbono Neutralidad.

Meta de sembrar 180 millones de árboles al 2.022: De la mano de las comunidades, las autoridades ambientales y el sector público y privado, se han sembrado 66.224.565 árboles y la meta para este año es llegar a 125 millones en todo el territorio nacional para avanzar en la restauración de los ecosistemas del país.

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible avanza en el monitoreo de incendios en un trabajo conjunto con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, vigilando permanentemente las posibles quemas que afectan los ecosistemas naturales del país.